El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha manifestado que los servicios jurídicos de la Junta están evaluando la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Esta medida se debe a la reciente decisión de que el impuesto a la banca se reparta entre las comunidades autónomas en función de su producto interior bruto (PIB). García-Page cuestionó esta metodología, argumentando que resulta ilógica que un impuesto destinado a gravar a aquellos que más tienen se distribuya en proporciones que favorecen a las regiones más ricas.
La declaración tuvo lugar durante un acto en Mérida, donde el presidente castellanomanchego firmó un Protocolo General de Actuación con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. Este acuerdo tiene como objetivo coordinar la respuesta ante emergencias en ambas comunidades y se acompaña de una declaración institucional para garantizar que la conexión de alta velocidad entre Madrid y Lisboa esté operativa para el año 2030.
En su intervención, García-Page anunció también la creación de un Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) con el fin de gestionar situaciones de emergencia en dos áreas de Castilla-La Mancha. Destacó la importancia de evaluar posibles riesgos y dejó abierta la posibilidad de llevar a cabo desalojos si la situación lo requiere.
Junto a García-Page, participaron en el acto el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero; el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina; y la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez. El presidente regional subrayó que el convenio firmado es el primero entre un total de acuerdos que se prevé formalizar en el futuro, resaltando la necesidad de cooperación entre comunidades para hacer frente a emergencias.
García-Page también se refirió a la necesidad de establecer un enfoque más integral en la gestión territorial, pidiendo un mayor esfuerzo por parte del Gobierno central para armonizar las políticas entre las diferentes comunidades autónomas. En este sentido, subrayó que los acuerdos firmados son coherentes con el espíritu de la Constitución de 1978 y contribuyen a la solidaridad entre territorios.
En relación con la infraestructura de transporte, el presidente castellanomanchego demandó terminar con el bloqueo en la conexión de alta velocidad entre Madrid y Lisboa, remarcando que las autonomías y los ayuntamientos no deben ser culpabilizados por la falta de avances en este proyecto.
Por otro lado, García-Page expresó su preocupación por la falta de un pacto de estado en materia energética en España. Afirmó que es necesario establecer una estrategia nacional que contemple el cierre de centrales nucleares y la transición hacia fuentes de energía más sostenibles. También solicitó que se agilicen las obras de la A-43, insistiendo en que la falta de financiación no debe convertirse en una excusa para retrasar su desarrollo.
Finalmente, se hizo eco de la importancia del gasto en defensa, señalando que la inseguridad puede resultar más costosa que la inversión en seguridad misma. García-Page abogó por la necesidad de una unión europea frente a desafíos globales, considerando la postura actual de Estados Unidos como una oportunidad para fortalecer la colaboración entre los países europeos.
