El Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado su contundente rechazo a la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica presentada recientemente por el Gobierno de España. En una crítica enfática, el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, aseguró que el esquema es “injusto” y “regresivo”, argumentando que fue concebido bajo la presión de los partidos independentistas. Esta valoración fue emitida durante una conferencia de prensa en el Palacio de Fuensalida en Toledo, en la que el consejero lamentó la falta de documentación técnica y datos específicos proporcionados por el Ministerio de Hacienda.
Ruiz Molina subrayó que es «insólito» aprender sobre un asunto tan crucial para el Estado del Bienestar a través de comunicados de prensa, indicando que el modelo es esencialmente el resultado de un pacto entre el Estado y los independentistas catalanes. El consejero describió el acuerdo como un “chantaje político” diseñado para otorgar ventajas a algunas comunidades autónomas a expensas de otras, haciendo hincapié en que estas preferencias generan inequidades en la financiación.
A pesar de que el Gobierno central asegura que el modelo resultará en una mayor dotación de recursos para las comunidades autónomas, Ruiz Molina advirtió que se trata de un planteamiento “claramente regresivo”. Hizo referencia a que, entre 2009 y 2023, los ingresos del Estado habían crecido casi un 95%, mientras que los de las comunidades lo hicieron apenas un 65%. En este sentido, cuestionó si realmente se trataba de una mejora global o si se trataba simplemente de una redistribución más favorable para algunas regiones.
Ruiz Molina también criticó las bases metodológicas del nuevo modelo, argumentando que se enfoca en “trocear la riqueza nacional” de manera que favorezca a los territorios con mayor capacidad económica. Según sus declaraciones, esto implica que aquellos ciudadanos con mayores ingresos y capacidad tributaria recibirían un mejor trato en términos de servicios públicos, lo que socava el principio de igualdad que debería regir en la financiación autonómica.
El consejero advirtió sobre un “ataque sin paliativos al principio de igualdad”, subrayando que todos los territorios deben tener igualdad de condiciones para ofrecer servicios públicos de calidad, independientemente de su capacidad económica. Reiterando la posición del Gobierno de Castilla-La Mancha, Ruiz Molina insistió en que el modelo debería basarse en un sistema que permita aportar a una bolsa común de acuerdo con la capacidad de cada territorio, y recibir en función de las necesidades reales de cada comunidad.
A pesar de que, según las estimaciones preliminares, Castilla-La Mancha podría recibir un incremento superior a 1.240 millones de euros, el consejero enfatizó que este aumento no resolvería el problema fundamental de que la región sigue estando por debajo de la media de financiación respecto al resto de comunidades.
En conclusión, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha calificado esta propuesta como un modelo injusto y regresivo, que no solo favorece a comunidades que históricamente han estado mejor financiadas, como Cataluña, sino que también ignora la realidad económica y social de regiones como la suya, que requieren atención y recursos equitativos para garantizar un acceso igualitario a servicios públicos fundamentales.
