El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un paso significativo hacia la mejora de las políticas sociales y la seguridad jurídica con la aprobación del Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias. Presentado por el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, este proyecto busca implementar reformas en áreas clave como educación, servicios sociales, empleo público y regulaciones sobre el juego, consolidando así un marco normativo más robusto y cohesionado.
Durante una rueda de prensa celebrada en el Palacio de Fuensalida, Ruiz Molina explicó que esta iniciativa, que actúa como Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2025, propone modificaciones en doce leyes regionales para incluir todas las disposiciones necesarias en un solo texto. El siguiente paso será su remisión a las Cortes autonómicas, donde se gestionará su tramitación parlamentaria.
Una de las reformas más destacadas afecta al ámbito educativo. La modificación de la Ley de Educación contemplará la gratuidad del transporte escolar para estudiantes de bachillerato en áreas rurales con riesgo de despoblación, lo que busca garantizar la igualdad de oportunidades y aliviar la carga económica a las familias. Además, se ajustará la representación en los consejos escolares, asegurando que sea ocupada por padres y alumnos, en lugar de representantes que podrían no estar directamente vinculados a estos grupos.
En el ámbito de servicios sociales, se prevén cambios que amplían la protección de los jóvenes tutelados por la Junta, permitiendo a los letrados del Gabinete jurídico continuar defendiendo sus derechos incluso al alcanzar la mayoría de edad. También se proponen modificaciones en materia de empleo público, eliminando restricciones en la convocatoria de plazas vacantes del personal del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) para agilizar los procesos selectivos.
Asimismo, el proyecto incluye una ampliación de los beneficios fiscales asociados al mecenazgo cultural, que ahora se extenderá al ámbito deportivo. Esta modificación tiene como objetivo fomentar el deporte y la actividad física en la región, adaptando la ley actual a estas nuevas necesidades.
En cuanto a la seguridad jurídica, se modificarán ciertos aspectos de la Ley de Régimen Administrativo y Fiscal del Juego, especialmente en lo que respecta a la regulación de juegos considerados Bien de Interés Cultural y las condiciones de acceso a salones de juego mediante métodos biométricos.
El patrimonio cultural y el urbanismo también están en el centro de estas reformas. La Junta busca un reparto más equitativo de los ingresos derivados de las actuaciones urbanísticas entre los municipios afectados y la inclusión del paisaje cultural como nueva categoría de protección.
Ruiz Molina concluyó que este proyecto de ley no solo reforzará las políticas sociales y proporcionará mayor seguridad jurídica, sino que también permitirá una administración más eficiente y eficaz, gracias a un contexto de estabilidad política que le permite al Gobierno regional llevar a cabo una intensa actividad legislativa en beneficio de la ciudadanía. Con estas reformas, Castilla-La Mancha se posiciona para abordar de manera más efectiva los desafíos sociales y económicos actuales.
