El Gobierno regional asumiría el coste de trasladar la sede del Parlamento ante una posible ampliación del número de diputados.

Junta aún no tiene estimación del gasto que supondría trasladar Cortes C-LM a otro edificio y ratifica que asumirá coste

El Gobierno regional de Castilla-La Mancha aún no ha realizado una estimación del gasto que conllevaría trasladar la sede del Parlamentario regional a otro edificio, en caso de que se amplíe el número de diputados en la Cámara regional según lo propuesto en el nuevo Estatuto de Autonomía.

Así lo ha confirmado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha asegurado que será el Ejecutivo regional a través de sus presupuestos quien asumirá dicho coste. Esta declaración fue realizada en respuesta a una pregunta durante la rueda de prensa ofrecida por el consejero tras reunirse con el presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás.

«No tenemos una estimación concreta en este momento. Lo que sí sabemos es que habrá que ajustar las instalaciones legislativas a la nueva situación si se amplía el número de parlamentarios o incluso de grupos parlamentarios», afirmó Ruiz Molina.

El consejero de Hacienda también afirmó que el Gobierno regional ofrece a las Cortes regionales la financiación necesaria para encontrar una nueva ubicación para el Parlamento, en caso de que se tome la decisión de trasladar la sede. Esta declaración está en línea con lo que ya anunció el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro.

En una entrevista con Europa Press, Martínez Guijarro aseguró que ya se ha comunicado formalmente al presidente de las Cortes, Pablo Bellido, la disposición del Gobierno de financiar una nueva ubicación para el Parlamento.

Este posible traslado de la sede del Parlamentario regional es una consecuencia directa de una posible ampliación del número de diputados en la Cámara regional, según lo propuesto en el nuevo Estatuto de Autonomía. Aunque aún no se haya establecido una cifra exacta del gasto que implicaría este traslado, el Gobierno regional se compromete a asumir la financiación necesaria para llevarlo a cabo.

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