En un contexto de decisiones estratégicas para mejorar la administración pública, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado el inicio de procesos selectivos para cubrir 2.306 plazas en la Administración General. Esta medida, basada en las Ofertas de Empleo Público de 2023-2024, se enmarca dentro del compromiso del Ejecutivo liderado por Emiliano García-Page y fue presentada oficialmente el pasado 9 de junio por el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, en el Palacio de Fuensalida, Toledo.
El proceso selectivo iniciará su segunda fase, que se espera finalizar en junio de 2026 con la toma de posesión de aquellos que superen las distintas etapas de selección. De las 2.306 plazas, 1.435 serán para personal funcionario y 871 para personal laboral. Un aspecto destacado es la inclusión, ya que se reservan 162 plazas —el 7% del total— para personas con discapacidad, incluyendo un proceso de selección adaptado específicamente para aquellos con discapacidad intelectual.
La participación en estas convocatorias ha sido notable, con 65.098 personas admitidas, una cifra que ha superado en un 12% las registradas en procesos anteriores. De esta cantidad, el 68% son mujeres, lo que resalta un avance hacia la igualdad de género en la administración pública. Además, se prevé que un número significativo de personas con discapacidad soliciten adaptaciones para las pruebas, lo que incluye la ampliación del tiempo de duración y la eliminación de barreras físicas.
Para gestionar el gran número de plazas y categorías, se han constituido 76 tribunales, compuestos por 764 miembros, de los cuales el 55% son mujeres. Este alto número de agentes involucrados garantizará la objetividad y transparencia del proceso. Las pruebas se realizarán en 18 centros distribuidos por las cinco provincias de la comunidad, mobilizando a cerca de 3.700 personas entre personal de apoyo y responsables de logística.
Las fechas específicas para las pruebas selectivas se publicarán en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, aunque se anticipa que comenzarán entre el 20 de septiembre y el 25 de octubre de 2025, comenzando por las adaptadas para personas con discapacidad intelectual y continuando con las de los cuerpos superiores y técnicos. La mayoría de estas pruebas se llevarán a cabo en Toledo, aunque algunas se realizarán en otras capitales de provincia.
Este proceso responde a un esfuerzo continuo por parte del Gobierno regional para fortalecer los servicios públicos mediante la aprobación de ofertas de empleo que totalizarán 12.371 plazas hasta 2027. Ruiz Molina enfatizó que estas iniciativas no solo buscan blindar las plantillas de funcionarios y reducir la interinidad, sino que también persiguen la mejora continua de la calidad de vida en la región y el fortalecimiento de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía. Al final, el objetivo es claro: asegurar que los recursos humanos en la administración pública sigan siendo el valor principal que sustenta la prestación de estos servicios.
