Castilla-La Mancha ha trasladado al Consejo Regional de Provincias los 134 proyectos que componen el Plan ‘Castilla-La Mancha Avanza’, diseñado por el Ejecutivo autonómico y con los que se quiere abordar el cambio de modelo productivo de la región.
Proyectos que, tal y como ha señalado el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, se van a presentar al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno Central para captar los fondos que van a llegar desde la Unión Europea, los conocidos como ‘Next Generation EU’, y que dejarán en España 140.000 millones de euros.
Concretamente, Martínez Guijarro ha explicado que esos 134 proyectos suponen una inversión superior a 5.500 millones de euros a los que hay que sumar los 429 los proyectos presentados por empresas privadas que ha recibido el Ejecutivo autonómico a través de la convocatoria realizada por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, lo que permite hablar de más de 11.000 millones de euros de inversión.
Al Consejo Regional de Provincias, celebrado este viernes en el Palacio de Fuensalida, han asistido el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina; los presidentes de las cinco diputaciones; y la presidenta de la FEMP, Agustina García Élez.
Tal y como ha insistido Martínez Guijarro, estos fondos pueden suponer un impulso a la extensión de la fibra óptica y el despliegue del 5G en el medio rural para “romper” la brecha digital existente entre el medio rural y urbano; así como en la prestación de servicios a los ciudadanos que viven en zonas afectadas por la despoblación; y para la generación de infraestructuras que productivas que favorezcan la implantación del sector industrial en el medio rural “que nos permita mantener o recuperar el talento” en los pequeños municipios, ha señalado el vicepresidente.
Además, se puede mejorar la capacidad de prestación de servicios incorporando la digitalización de la prestación o atención sanitaria en el medio rural; definiendo un nuevo modelo de la atención a los mayores; y desde el punto de vista de la educación.
La lucha contra la despoblación
Por otro lado, el vicepresidente les ha trasladado el borrador de la ‘Ley de medidas sociales, económicas y tributarias frente a la Despoblación y para el desarrollo del Medio Rural de Castilla-La Mancha’, aprobado hace unas semanas por el Consejo de Gobierno y que se encuentra, a día de hoy, en el Consejo Consultivo con el objetivo de que pueda ser debatido en las Cortes de Castilla-La Mancha en el mes de abril.
Un texto estructurado en siete títulos y 75 artículos, en los que se garantiza el acceso a los servicios públicos y la igualdad de oportunidades para los habitantes del medio rural, además de propiciar el desarrollo económico y social de nuestro medio rural para alcanzar la cohesión social y territorial.
La principal novedad de la futura ley son las ventajas fiscales que incluye para aquellos que viven o quieren irse a vivir a los municipios despoblados. En concreto, en el tramo del IRPF cedido a las comunidades autónomas se plantea una desgravación de hasta el 25 por ciento de la cuota autonómica para las personas que tengan estancia efectiva en zonas rurales; así como la desgravación del 10 por ciento para adquisición o rehabilitación de una vivienda para los que vivan o quieran vivir en el medio rural.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo autonómico está trabajando en la elaboración de la ‘Estrategia regional frente a la despoblación’ que se encuentra inmersa en un proceso de participación ciudadana. Se trata del cuestionario que, desde hace días, está abierto a la ciudadanía en general a través del portal de participación (https://participacion.castillalamancha.es/inicio ).
Finalmente, Martínez Guijarro ha recordado que Castila-La Mancha es una región pionera en la lucha contra la despoblación toda vez que ha apuntado a la firma del Pacto contra la Despoblación en Castilla-La Mancha, suscrito entre el Gobierno regional, los agentes sociales, la Federación Española de Municipios y Provincias y los grupos de desarrollo rural en Brihuega (Guadalajara) el pasado 28 de febrero y al que se han adherido 285 ayuntamientos, las cinco diputaciones y 51 entidades, hasta la fecha.
