El Gobierno regional aboga por un sistema de financiación que asegure igualdad de acceso a los servicios públicos esenciales para la ciudadanía.

Cádiz ha sido el escenario del VI Foro Tax Global Meeting ‘Una visión estratégica sobre fiscalidad’, un evento que ha reunido a expertos y representantes de diversas instituciones para debatir acerca de temas fiscales cruciales en la España actual. Uno de los protagonistas del foro ha sido el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien destacó la importancia de establecer un sistema de financiación que garantice la igualdad de acceso a servicios públicos fundamentales, como la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Durante su intervención, Ruiz Molina ha enfatizado la necesidad de un consenso entre las comunidades autónomas para establecer un valor ajustado de la población en cada territorio y así poder evaluar los costos necesarios para prestar estos servicios básicos. Este acuerdo es esencial para asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso equitativo a los mismos derechos, independientemente de su lugar de residencia.

El consejero también abordó la crítica situación de la deuda que enfrenta su comunidad, resaltando que Castilla-La Mancha, junto con la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia, se encuentra entre las más afectadas por un modelo de financiación erróneo. Según Ruiz Molina, esta situación ha sido exacerbada por la crisis financiera de 2007, que resultó en una caída drástica de ingresos. Para mitigar esta carga, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha mostrado su disposición a dialogar con el Estado, proponiendo no solo la condonación de parte de la deuda, sino también la creación de un fondo transitorio que compense a las comunidades infrafinanciadas.

Otro aspecto crucial de su intervención fue el apoyo a la creación de una Ley de Armonización Fiscal. Ruiz Molina argumentó que esta ley permitiría que los ciudadanos contribuyan al sistema fiscal en función de su capacidad económica, y no de su ubicación geográfica, en cumplimiento con los principios establecidos en la Constitución. Al mismo tiempo, el consejero se manifestó en contra del concierto económico de Cataluña, advirtiendo que este sistema de financiación específico atenta contra el principio de igualdad y podría fragmentar la riqueza nacional, que debería estar al servicio del interés general.

Ruiz Molina concluyó su intervención reforzando la idea de que cualquier modelo de financiación que se negocie de manera bilateral podría comprometer el futuro financiero del resto de las comunidades autónomas, lo que hace aún más urgente la necesidad de establecer un nuevo enfoque hacia la fiscalidad y la financiación pública en España.

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