La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, alertó este miércoles en la Asamblea Regional sobre la situación crítica del Trasvase Tajo-Segura, advirtiendo que los recortes previstos podrían ocasionar la pérdida de hasta 15.000 empleos directos en las regiones de Murcia, Alicante y Almería. Durante su comparecencia, Rubira presentó datos de un estudio elaborado por la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante, que detalla las implicaciones de dicha reducción en la infraestructura hídrica.
Rubira destacó que más de 110.000 personas dependen del agua de este trasvase para su empleo y subrayó que es una «infraestructura irrenunciable» para el desarrollo presente y futuro de la Región de Murcia. La consejera criticó al Gobierno nacional por su falta de compromiso en mantener un sistema productivo que contribuye con 3.000 millones al Producto Interior Bruto del país, cuestionando la lógica detrás de cerrar una infraestructura vital sin proporcionar alternativas viables.
Al señalar la situación de la cuenca del Segura, Rubira describió una realidad «deficitaria» que depende de aportes externos para satisfacer las necesidades de agua potable y para el riego de cultivos que sustentan a miles de trabajadores. «No podemos convertirnos en un desierto despoblado», enfatizó, y añadió que los recursos hídricos en España están mal distribuidos, con un total de aproximadamente 100.000 hectómetros cúbicos disponibles anuales, mientras que solo 30.000 hectómetros cúbicos están asignados a diversos usos.
Rubira demandó un Plan Nacional en materia de agua y cuestionó la lógica detrás de la reducción de 200 o 300 hectómetros cúbicos anuales en un contexto donde se necesitan 28.000 hectómetros cúbicos ya almacenados en el país. También alertó que el descenso en las aportaciones de agua a través del trasvase podría resultar en la pérdida de más de 27.000 hectáreas de cultivo y más de 5.692 millones de euros, según los datos del estudio.
Representantes de diferentes grupos parlamentarios reaccionaron a la comparecencia de Rubira. Desde el Partido Popular, Jesús Cano criticó al Gobierno por lo que considera una gestión dañina del agua, argumentando que este recurso debe ser protegido y utilizado de forma sostenible. Por su parte, Fernando Moreno del PSOE resaltó que el trasvase es crucial para los socialistas de la Región y pidió unidad en la defensa de esta infraestructura, sugiriendo que el cambio climático sería el verdadero desafío para su continuidad, no decisiones políticas.
El diputado de VOX, Alberto Garre, abogó por la creación de un Plan Hidrológico Nacional que atienda las necesidades de toda España, mientras que Víctor Egío de Podemos expresó su frustración ante la falta de soluciones y el uso político del tema del agua, pidiendo un enfoque más serio sobre el cambio climático y su impacto en los recursos hídricos.
La situación del Trasvase Tajo-Segura continúa siendo un tema de debate candente en la política española, a medida que las comunidades afectadas luchan por sostener un recurso esencial para su economía y su modo de vida.
