La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha confirmado que el Gobierno español llevará a cabo la licitación de más de 1.600 viviendas en este trimestre a través de la nueva empresa estatal de vivienda, las cuales tendrán un carácter «público y permanente». Este anuncio se realizó durante el ‘Desayuno Informativo’ de Europa Press, en el que la ministra detalló que las viviendas estarán distribuidas en diversas regiones del país, incluyendo Valencia, Cataluña, Galicia, Baleares, Canarias, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Rodríguez destacó que estos proyectos habitacionales no solo ofrecerán «hogares dignos» a los ciudadanos, sino que también contribuirán a la creación de «nuevos barrios». En su intervención, subrayó que la nueva empresa pública de vivienda no tiene la intención de sustituir el trabajo que realizan las empresas municipales o autonómicas, sino que busca complementar y sumar esfuerzos en el sector de la vivienda.
Esta compañía, que se deriva de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), forma parte de las principales iniciativas del Gobierno para garantizar una oferta pública de vivienda en España y asegurar precios asequibles. La ministra enfatizó que la gestión de la construcción y puesta a disposición de las viviendas estará organizada de forma integral, abarcando desde la adquisición del suelo hasta la urbanización, construcción y posterior gestión de las viviendas.
Rodríguez también recordó que esta nueva empresa pública cuenta con el respaldo de las 12 medidas establecidas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que se le asignó todo el parque público de vivienda del Estado, afirmando con firmeza que «ni un euro, ni un suelo, ni una vivienda que no sea para siempre público».
En cuanto a la regulación de las viviendas de corta duración, la ministra anunció que ya se han registrado 4.000 unidades a través de la ventanilla única creada para este propósito. Esta nueva normativa, que se implementará a partir de julio, tiene como objetivo regular los pisos turísticos y de temporada, garantizando que estos cumplan con todas las normativas locales y autonómicas. «Ya sabemos que son 100% legales y que cumplen con las normas tanto de las comunidades de vecinos como con la normativa de las ordenanzas municipales autonómicas», concluyó Rodríguez.
