El Consejo de Ministros ha acordado este martes la distribución de 179,8 millones de euros a las comunidades autónomas, así como a Ceuta y Melilla, con el propósito de fortalecer la lucha contra la violencia machista en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Este reparto se definirá en la próxima Conferencia Sectorial de Igualdad, programada para el 22 de abril.
De la cantidad total, 160 millones de euros se destinarán a la implementación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Esta suma financiará programas que deben ser impulsados por las comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas, dentro de sus competencias, durante el año 2025.
El Gobierno ha señalado que a través de este fondo finalista se reafirma su compromiso económico para asegurar la estabilidad y continuidad de las políticas y servicios derivados de dicho Pacto. El objetivo es consolidar el trabajo en contra de la violencia hacia las mujeres en todo el territorio nacional.
Se busca, de esta forma, articular una respuesta integral, eficaz y coordinada de todas las instituciones competentes en la prevención y lucha contra la violencia de género. Se pretende mantener y mejorar la red de recursos, servicios y prestaciones destinados a la protección, asistencia, apoyo, recuperación y reparación de las víctimas de violencia machista, así como promover acciones de sensibilización y prevención. También se desea fortalecer la formación de los profesionales que trabajan con estas víctimas, para garantizar la mejor respuesta institucional posible.
Los 19,8 millones restantes se dedicarán a programas y planes autonómicos enfocados en las víctimas de violencia de género y violencias sexuales. Estos fondos, que forman parte del presupuesto de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, financiarán cuatro programas que se implementarán a lo largo de 2025.
En primer lugar, se asignarán 8,5 millones de euros a programas que garanticen el derecho a la asistencia social integral para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas menores de edad. Un millón se destinará a iniciativas diseñadas para mejorar la coordinación y la elaboración de planes personalizados de atención a estas víctimas. Además, 9,5 millones de euros se utilizarán para apoyar a las víctimas de agresiones sexuales. Finalmente, los 800.000 euros restantes estarán destinados a prevenir la explotación sexual de menores tuteladas.
