El Gobierno español ha tomado medidas ante la serie de fenómenos meteorológicos adversos que han afectado a diversas comunidades autónomas entre el 16 de septiembre de 2024 y el 24 de marzo de 2025. En total, se han declarado como zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil territorios en doce comunidades, excluyendo aquellas que ya han recibido ayudas por los daños causados por la dana en Valencia, que superan los 16.500 millones de euros.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ofreció una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, donde detalló que las comarcas afectadas se encuentran en Madrid, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Cataluña, La Rioja, Aragón, Baleares y Galicia. Durante este periodo, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) ha registrado un total de 53 episodios en niveles operativos máximos 1 y 2, la mayoría de los cuales han estado relacionados con borrascas, lluvias intensas y tormentas, generando una serie de daños tanto personales como materiales.
Entre los episodios destacados, Marlaska mencionó las intensas lluvias y nevadas que se produjeron entre el 2 y el 5 de marzo, especialmente en Andalucía, Castilla y León y Murcia, donde se registró una fatalidad. También se hizo referencia a la borrasca Jana, que generó lluvias significativas en el centro de la península y aumentos extraordinarios en los caudales de los ríos Tajo, Duero y Ebro del 6 al 11 de marzo.
Las borrascas Konrad y Laurence también causaron intensas nevadas en zonas montañosas de la cordillera Cantábrica y el Sistema Central entre el 12 y el 20 de marzo, así como lluvias fuertes en Murcia y Andalucía, donde se reportaron cuatro muertes. La última de estas borrascas, conocida como Martinho, dejó lluvias continuas entre el 20 y el 24 de marzo, lo que ha llevado a la necesidad de continuar desembalsando agua en varios embalses de las cuencas del Tajo, Duero y Guadiana.
Marlaska subrayó que estos eventos han resultado en daños significativos tanto a personas como a infraestructuras y bienes públicos y privados, lo que ha motivado la intervención del Gobierno. Este proceder está basado en el principio de solidaridad interterritorial, y tiene como objetivo complementar las ayudas que las administraciones locales ya han acordado o puedan acordar en sus respectivas competencias.
