El Gobierno de Donald Trump ha intensificado las operaciones migratorias en Boston y Chicago, ciudades que han adoptado políticas para proteger a las comunidades migrantes. El despliegue de agentes federales, que busca detener a «extranjeros criminales ilegales», se produce en un contexto de amenazas de utilizar a la Guardia Nacional y efectivos militares, acciones que han sido rechazadas por los gobiernos locales y calificados de «ilegales» por expertos legales.
En Chicago, la alcaldía ha limitado la cooperación entre las autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), permitiendo que los migrantes accedan a programas de asistencia social sin importar su estatus. La medida, defendida por sus promotores como una forma de mejorar la seguridad comunitaria, busca fomentar la colaboración entre migrantes y autoridades para reportar delitos sin temor a represalias. Sin embargo, la situación ha generado tensiones, con un fuerte aumento en la presencia de agentes federales en la ciudad.
Por su parte, en Boston, el aumento de agentes del ICE sigue a una demanda del Departamento de Justicia contra la alcaldesa por sus políticas pro-inmigrantes. Con más de 61,200 migrantes actualmente en detención, de los cuales cerca del 45% no tienen antecedentes criminales, la administración Trump parece estar intensificando sus esfuerzos para cumplir con su agenda antiinmigrante. Las acciones del gobierno han suscitado un rechazo generalizado y un debate intenso sobre el impacto de estas políticas en las comunidades afectadas.
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