Herencia (Ciudad Real), 21 de noviembre de 2017.- La directora provincial de Bienestar Social en Ciudad Real, Prado Zúñiga, valoró el trabajo desarrollado por el Gobierno de Castilla-La Mancha en su lucha contra la exclusión social con la puesta marcha del nuevo Plan de Concertación Único firmado con los ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real que ha permitido recuperar 38 equipos de inclusión social con la contratación de 67 profesionales más para acompañar a las personas en dificultad a conseguir su integración socio-laboral.
Así lo dio a conocer Zúñiga durante las I Jornadas sobre Pobreza y Desigualdad celebradas en Herencia, donde destacó la nueva convocatoria del Plan de Inclusión Social (antiguo PRIS) impulsado por el Ejecutivo de Emiliano García-Page que incrementa su presupuesto en un 10 por ciento hasta alcanzar los 3,5 millones de euros.
Esta apuesta de política social ha supuesto un aumento del 20 por ciento en el número de proyectos, que pasan de 43 a 64 para paliar las situaciones más complicadas de los ciudadanos de la región. Medidas que, según Zúñiga, se unen a la convocatoria por primera vez de subvenciones a entidades sociales con cargo al IRPF dotadas con 9,7 millones de euros de presupuesto destinados a proyectos sociales.
La directora provincial de Bienestar Social recordó que el 1 de julio de 2016 entró en vigor el Plan de Mejora del Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) que “ha conseguido reducir casi un punto porcentual el índice de pobreza severa”, además del descenso en 4 puntos porcentuales del número de hogares que tienen dificultades para llegar a fin de mes”.
En su intervención, Zúñiga resaltó también el Plan contra la Pobreza Energética impulsado por el Gobierno de Castilla-La Mancha que ha hecho posible reducir un 4,2% los hogares con dificultades para tener una temperatura adecuada.
Por último, la directora provincial de Bienestar Social aludió a la Estrategia contra la Pobreza y la Desigualdad Social en el que trabaja el Gobierno presidido por García-Page que incluye 58 medidas – entre ellas el Plan Integral de Garantías Ciudadanas- a desarrollar hasta el año 2020 con un presupuesto que supera los mil millones de euros.
