El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado en su visita al CEIP Ana Soto de Albacete una iniciativa destinada a «limitar y restringir la publicidad de alimentos insanos dirigida al público infantil». Bustinduy ha destacado la necesidad de encontrar «el mejor instrumento normativo» para aplicar esta medida, citando ejemplos internacionales que demuestran la eficacia de tales restricciones para reducir la exposición de los menores a anuncios nocivos, que pueden alcanzar hasta los 4.000 al año.
El ministro enfatizó el impacto que tiene la publicidad en la formación de hábitos nutricionales en niños, quienes, al estar expuestos a un flujo constante de anuncios, pueden tener dificultades para distinguir entre el contenido publicitario y el resto. Bustinduy argumentó que el enfoque de la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Española de Salud Alimentaria y de Nutrición respalda la idea de que restringir la publicidad de productos poco saludables puede generar efectos positivos en la salud pública.
Reconociendo que se enfrenta a un sector industrial poderoso y con intereses significativos, el ministro anticipa «grandes resistencias» a esta iniciativa, pero subrayó la responsabilidad del ministerio de «defender el interés general y el derecho de los niños a una alimentación saludable».
La nueva medida complementa el Real Decreto de comedores escolares sostenibles y saludables, que busca garantizar que todos los escolares en España reciban al menos cinco comidas nutritivas y sostenibles al día, independientemente de su origen o situación social. Bustinduy describió el CEIP Ana Soto como un «ejemplo de buenas prácticas», y subrayó la importancia de que otras escuelas sigan su modelo para asegurar espacios educativos que promuevan la equidad en salud.
En su intervención, también hizo hincapié en la intención de aplicar un modelo similar en los comedores de hospitales y residencias, asegurando que los productos que se utilicen provengan de agricultura y ganadería sostenibles, lo que fortalecería el tejido productivo local.
Adicionalmente, comentó sobre la reciente retirada de anuncios de pisos turísticos ilegales en Ibiza, un esfuerzo del Consell que valoró positivamente. Bustinduy mencionó que había colaborado con diversas administraciones para abordar el problema de la ilegalidad en los alquileres turísticos, manifestando su descontento con la falta de respuesta de algunos líderes políticos a quienes se les había proporcionado información sobre esta cuestión.
En cuanto a la propuesta de Ley de Atención al Cliente, Bustinduy defendió el derecho de las empresas a ofrecer servicio en idiomas cooficiales en sus respectivas comunidades autónomas. Afirmó que esto debería ser considerado un «sentido común», rechazando las críticas de que la ley perjudicaría la libertad empresarial, ya que, según él, se trata de garantizar los derechos de los consumidores.
Finalmente, el ministro se comprometió a tomar medidas para corregir fallos en las pulseras antimaltrato, garantizando que asegurarían un funcionamiento adecuado para evitar que problemas como este se repitan en el futuro, y enfatizó que, aunque no hubo casos reportados de peligro para las mujeres debido a este error, el sistema debía mejorar.
