El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado un importante gasto para la supervisión del funcionamiento de las depuradoras de agua en la región. Se destinarán casi dos millones de euros para garantizar que las 239 depuradoras que atienden a 248 municipios y a más de 492.000 habitantes funcionen de manera eficiente.
La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha comunicado que esta supervisión tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de los contratos de explotación, el correcto funcionamiento de los equipos, la disponibilidad de operadores necesarios, las visitas técnicas requeridas y la correcta inversión de los fondos asignados.
Además, Padilla destacó el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con la depuración de aguas urbanas y la protección del medio ambiente. Señaló que se está trabajando en un plan que contempla la construcción de nuevas depuradoras y la mejora de las existentes, con una inversión de 51 millones de euros desde Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha para el próximo año.
La inversión en depuración de aguas es una prioridad para el Gobierno de Castilla-La Mancha, que ha asumido la gestión de depuradoras en colaboración con los ayuntamientos. La consejera recordó que durante el mandato de la ex presidenta María Dolores de Cospedal no se realizó ninguna inversión en depuración y se paralizaron seis depuradoras, obras que tuvieron que ser reanudadas posteriormente con un coste adicional de seis millones de euros.
Estas acciones forman parte de un plan integral para alcanzar el objetivo de que toda el agua de Castilla-La Mancha que se vierta a los cauces de los ríos esté depurada en 2032. Para ello, se prevé una inversión total de 600 millones de euros para sacar adelante un total de 629 depuradoras.
La supervisión y mejora de las depuradoras en Castilla-La Mancha se enmarca en un compromiso con el cumplimiento de normativas europeas, con el cuidado del medio ambiente y con el bienestar de las generaciones futuras. La importancia de este tipo de infraestructuras no solo radica en el cumplimiento legal, sino también en el impacto positivo que tienen en la calidad de las aguas superficiales de la región.
