El Gobierno de Castilla-La Mancha está trabajando en estrecha colaboración con las autoridades competentes en materia laboral y desde la propia Consejería de Agricultura para que todos los procedimientos estén en marcha en el momento en que entre en vigor la condicionalidad social de la nueva Política Agraria Común (PAC) el 1 de enero de 2024.
El cumplimiento de esta condicionalidad será fundamental para que las personas beneficiarias puedan acceder a las ayudas económicas de la PAC, según ha explicado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán.
El consejero ha reafirmado el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha de apoyar a los agricultores y trabajadores del campo para mejorar sustancialmente las condiciones laborales de quienes se dedican a esta labor. Martínez Lizán ha destacado la importancia de que se hagan las cosas bien y se garantice un trabajo digno en el campo.
Estas afirmaciones las ha realizado durante la inauguración de la jornada de análisis «La PAC 2023-2027. Plan Estratégico de España. La condicionalidad social de la nueva Política Agraria Común», organizada por el sindicato Comisiones Obreras en Valdepeñas (Ciudad Real). En esta jornada se han abordado las novedades introducidas por la Unión Europea en la PAC para el período 2023-2027.
Martínez Lizán ha resaltado la importancia de este evento para comprender el cambio de filosofía de la nueva PAC, que no solo reglamenta su presupuesto y el acceso a sus fondos, sino que también establece tres grandes objetivos: la modernización del campo, la condicionalidad medioambiental y el fomento del tejido socioeconómico de las zonas rurales.
En relación a este último punto, el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene previsto poner en marcha el Bono de Emprendimiento Rural para promover actividades asociadas a la agricultura en los pueblos. Esta medida busca impulsar el desarrollo rural, el mantenimiento de los municipios y la generación de empleo.
El titular de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha explicado que la reforma de la PAC establece por primera vez la condicionalidad social, que se basa en el cumplimiento de determinadas obligaciones laborales y condiciones de trabajo por parte de los beneficiarios de las ayudas. Destaca la evolución del sector en las últimas décadas para regular su actividad y garantizar los derechos de los trabajadores del campo.
En Castilla-La Mancha existen alrededor de 97,000 explotaciones receptoras de la PAC, las cuales emplean a aproximadamente 60,000 personas. Martínez Lizán ha enfatizado la importancia de tener en cuenta estas nuevas circunstancias para acceder a las ayudas y ha agradecido a Comisiones Obreras por organizar esta jornada dirigida a los delegados y delegadas del sector agropecuario de la región.
En la inauguración de la jornada también han estado presentes el secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Francisco de la Rosa; la teniente de Alcaldía de Valdepeñas, Vanessa Irla; el secretario general de CCOO Industria Castilla-La Mancha, Ángel León Muñoz; el responsable estatal del Sector Agrario de CCOO-Industria, Vicente Jiménez, y el responsable del área de Estrategias Industriales de la Federación Estatal CCOO, José Manuel Casado López.
