El Gobierno de Castilla-La Mancha se opone a la distribución del impuesto bancario basada en el PIB por considerarla desigual y contraria al principio de equidad.

Toledo, 27 de febrero de 2025.- En una reciente reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado su desacuerdo con el criterio de reparto del impuesto a la banca, que se basa en el Producto Interior Bruto (PIB) regional. El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, calificó esta medida de “injusta” y en contraposición con un principio fundamental de la Constitución Española que aboga por un reparto equitativo de la riqueza nacional entre las diferentes regiones del país.

En una rueda de prensa llevada a cabo en el Palacio de Fuensalida en Toledo, Ruiz Molina explicó los argumentos que sustentan la postura del Gobierno regional. Según el consejero, el enfoque actual favorece a las comunidades autónomas con mayor capacidad económica, generando desigualdades en el acceso a servicios públicos, ya que se asume que aquellos que residen en estas regiones más prósperas tienen derecho a una mejor financiación y a servicios de mayor calidad. «La sociedad no entiende que un impuesto que se recauda de los más ricos se reparta fundamentalmente entre las comunidades más ricas», enfatizó.

Ruiz Molina también comentó que, aunque la propuesta provenía de un Gobierno socialista, su administración ha elegido actuar con coherencia, priorizando los intereses de Castilla-La Mancha por encima de cualquier consideración política. “Votaremos a favor de lo que beneficie a la región, y en contra de lo que la perjudique”, afirmó. Además, instó al líder del Partido Popular en la región, Paco Núñez, a adoptar esta filosofía de consenso y responsabilidad.

En otro tema destacado durante la conferencia, el consejero mostró su “satisfacción” por la propuesta de condonación parcial de la deuda estatal, que asciende a 5.000 millones de euros para Castilla-La Mancha. Ruiz Molina subrayó que esta medida no solo repara una injusticia histórica, ya que la región es la primera en reclamar oficialmente la condonación desde 2017, sino que la metodología usada para definir la condonación reconoce la infrafinanciación que ha padecido la comunidad autónoma.

Señaló que Castilla-La Mancha se beneficiará de manera significativa de esta condonación, ya que le permitirá reducir su ratio de deuda respecto al PIB, que actualmente se sitúa en un 30 por ciento, a un 20 por ciento tras la condonación, siendo una de las comunidades que más se beneficiará en términos per cápita.

No obstante, Ruiz Molina advirtió que la condonación de deuda no resuelve los problemas de financiación a largo plazo y enfatizó la necesidad de establecer un nuevo modelo de financiamiento que aborde de manera integral las carencias económicas que enfrenta su comunidad. Abogó por la creación de un fondo transitorio que compense a aquellas comunidades que continúan estando infrafinanciadas, y solicitó que se liderara un esfuerzo similar al que se realizó para la condonación de la deuda a fin de garantizar un modelo justo de financiación para todas las comunidades autónomas.

El mensaje del consejero es claro: Castilla-La Mancha busca asegurarse de que las futuras decisiones en materia de financiación sean equitativas y beneficien a todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia en el país.

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