El quinto aniversario de la aprobación de la Ley del Estatuto de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha
Toledo, 22 de marzo de 2024.- Este viernes se cumple el quinto aniversario de la aprobación, por unanimidad de las Cortes regionales, de la Ley 3/19, de 22 de marzo, del Estatuto de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha. Durante estos cinco años, esta ley ha sido valorada como pionera e innovadora, incorporando más derechos y promoviendo un consumo saludable, seguro, accesible, inclusivo, ético y sostenible.
El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha destacado la importancia de esta ley durante su intervención en el Consejo Regional de Consumo. Señaló que en la presente legislatura se trabajará en el desarrollo reglamentario de los preceptos legales para que puedan ser ejercidos plenamente.
Fernández Sanz agradeció el trabajo realizado en los servicios autonómicos, así como el compromiso de las Oficinas Municipales de Información a las Personas Consumidoras (OMIC) en los municipios de la región. Destacó la colaboración de entidades e instituciones como las asociaciones de personas consumidoras, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, CERMI, la Confederación de Empresarios regional y el Consejo de Cámaras de Comercio.
En cuanto a la actividad realizada en el año 2023 en materia de consumo, se atendieron 48.812 consultas en las delegaciones provinciales y en las OMIC, y se tramitaron 14.555 reclamaciones. Se recuperaron 1.274.709 euros para las personas consumidoras a través de mediaciones realizadas en las delegaciones provinciales y las OMIC.
Actualmente, 1.113 empresas están adheridas a la Junta Arbitral de Consumo de Castilla-La Mancha y un total de 12.831 empresas en la región están adheridas al sistema arbitral de consumo. Los sectores más demandados son el de Telecomunicaciones, Suministro eléctrico y Gas.
Durante la celebración del consejo, se anunció que en los próximos meses se iniciarán los trabajos de redacción del Plan Estratégico de Consumo Responsable 2025-2027. Esta ley ha demostrado ser un instrumento fundamental para la protección de los derechos de las personas consumidoras en Castilla-La Mancha y para promover un consumo responsable y sostenible en la región.