Toledo ha cerrado el ejercicio presupuestario de 2024 con un superávit del 0,13 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) regional, lo que se traduce en 76 millones de euros. Este resultado supera las expectativas iniciales de equilibrio y refleja el compromiso del Gobierno regional con una gestión prudente de las finanzas públicas. El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, presentó esta información en una rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida, donde estuvo acompañado por otros destacados funcionarios.
Ruiz Molina destacó que el presupuesto total aprobado para 2024 ascendió a 12.473 millones de euros. La desviación positiva del superávit, del 0,6 por ciento, atestigua el cumplimiento de los compromisos financieros adquiridos, posicionando a Castilla-La Mancha como la tercera comunidad autónoma que más ha avanzado en la corrección de su situación financiera respecto al ejercicio anterior. Este superávit es resultado de la diferencia favorable entre los ingresos y los gastos del ejercicio.
El consejero enfatizó la cautela mostrada al elaborar las proyecciones de ingresos para 2024, asegurando que la estimación del techo de gasto fue realista y prudente. A final de año, el grado de ejecución del presupuesto alcanzó el 97,53 por ciento, lo que implica una desviación mínima del 2,5 por ciento. Esta prudencia también se ha traducido en el compromiso del Gobierno regional de mantener la presión fiscal congelada y contener el endeudamiento.
Castilla-La Mancha se destaca actualmente como la tercera comunidad autónoma con la presión fiscal más baja de España y una de las que cuenta con menos impuestos propios. Datos del Banco de España revelan que la región ha reducido su ratio de deuda en relación al PIB desde 2015, pasando del 35,4 por ciento al 29,1 por ciento a finales de 2024, lo que supera la media nacional.
El gasto ejecutado en 2024 fue del 93,75 por ciento del presupuesto inicial, lo que permitió gestionar 471 millones de euros más que en el año anterior, garantizando la atención a los servicios esenciales como la salud, la educación y el apoyo a empresas. Ruiz Molina enfatizó que el enfoque del Gobierno, encabezado por Emiliano García-Page, es «no dejar a nadie atrás».
La gestión eficiente también se ha reflejado en los plazos de pago a proveedores, que se ha establecido en 22 días, muy por debajo de la media nacional y cumpliendo con los límites legales. Esto posiciona a Castilla-La Mancha entre las regiones que más rápidamente abonan sus facturas.
A pesar del panorama positivo, el consejero reiteró la necesidad de una reforma del sistema de financiación autonómica, que sigue perjudicando a Castilla-La Mancha. El Gobierno regional ha solicitado un fondo transitorio para compensar a las comunidades infrafinanciadas hasta que se apruebe un nuevo modelo. Ruiz Molina defendió también la propuesta del Gobierno de España para condonar parte de la deuda de las comunidades, argumentando que el endeudamiento regional se deriva de la infrafinanciación.
El consejero concluyó reafirmando el compromiso del Gobierno de García-Page con una gestión «seria y rigurosa» de los recursos públicos, al tiempo que abogó por una financiación justa para Castilla-La Mancha, priorizando el bienestar de los ciudadanos por encima de cualquier interés partidista.
