Toledo, 16 de noviembre de 2017.- El Gobierno de Castilla-La Mancha regula por ley las acciones e instrumentos de estímulo económico, para fomentar la actividad empresarial y orientar su localización hacia áreas geográficas determinadas con la finalidad de reducir las diferencias de situación económica en el territorio regional. Así lo ha indicado esta mañana la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en las Cortes autonómicas, en el marco de su comparecencia en el punto de la enmienda a la totalidad presentada por el PP al proyecto de Ley de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias en Castilla-La Mancha.
La consejera ha indicado que este proyecto de Ley persigue “establecer equilibrio económico, contribuyendo a garantizar la cohesión económica, social y territorial de la región ahora que la economía está volviendo a fortalecerse”.
En este contexto, ha explicado que la delimitación geográfica de las zonas prioritarias se realizará en base a indicadores objetivos relativos al porcentaje de paro registrado, según población en edad de trabajar y al descenso de la población. Estos baremos se podrán revisar cada cuatro años, en virtud de la evolución socio-económica, y estarán acompañados de factores relativos al desempleo en la provincia.
Se acogerán a los instrumentos previstos en el proyecto de Ley, los municipios que acuerde el Consejo de Gobierno, en un plazo máximo de seis meses tras la entrada en vigor de la Ley.
Instrumentos
Patricia Franco ha incidido, además, que los instrumentos para favorecer la reactivación económica y el empleo en las zonas prioritarias consistirán en ayudas, realización de planes y estudios sectoriales, avales mediante convenios con entidades financieras u otros instrumentos financieros, así como otras vías de financiación alternativas, que se podrán completar con mecanismos de cooperación con la Administración General del Estado o con las entidades locales de Castilla-La Mancha.
El proyecto de Ley apuesta por el fomento de la inversión productiva empresarial generadora de empleo en favor de pequeñas y medianas empresas situadas en las zonas afectadas. Según ha apuntado la responsable autonómica, este estímulo podría consistir, por un lado, en líneas de ayudas específicas dirigidas a dichas zonas y, por otro, en ayudas no específicas.
Sobre estas últimas, ha apuntado una reserva del total del crédito de la convocatoria asignado específicamente para los proyectos a llevarse a cabo en esas zonas; criterios de valoración que prioricen los proyectos en dichos territorios; o el incremento porcentual de los niveles de ayuda, en un 20 por ciento.
Temáticas y líneas
Así mismo, Patricia Franco ha manifestado que los proyectos acogidos al régimen de incentivos engloban desde el empleo y la formación, hasta industrias agroalimentarias e incorporación al tejido empresarial de jóvenes agricultores, pasando por el emprendimiento y el fomento de la economía social, el turismo, el comercio, la artesanía y la cultura, la industria, la energía y el medio ambiente; o la financiación y la captación de inversiones, entre otras.
“El proyecto de Ley, que hoy se somete al debate, se basa en la igualdad de condiciones para que todas las personas puedan desarrollar sus capacidades y potencialidades. La igualdad es tratar de forma idéntica situaciones análogas y hacerlo de forma diferente cuando sea necesario para conseguirla o mantenerla”, ha apuntado la consejera, al tiempo que ha recordado que se trata de medidas “de acción positiva dirigidas a las zonas que más dificultades están teniendo para subirse al tren de la recuperación”.
Esta ley no supondrá impacto directo en el presupuesto de gasto de la Junta pero sí facilitará una distribución más eficiente de la dotación económica prevista en las cuentas del Ejecutivo para la concesión de las ayudas y demás instrumentos financieros previstos en ella.
En este orden de cosas, Patricia Franco, ha indicado que esta norma determina de “forma objetiva” qué municipios podrán acogerse a ella en función de la situación general local y no de la situación personal de sus habitantes, algo que podrá ser revisado cada cuatro años. Así ha recordado que esta Ley está pensada, entre otras localidades para Talavera de la Reina, Villacañas, Puertollano, Cuenca, Hellín, Daimiel o Almadén.
“Una Ley que no merece una enmienda a la totalidad, sino propuestas constructivas que contribuyan a mejorarla, que el Gobierno regional acoge con agrado, porque por esa vía estamos impulsando con más fuerza el desarrollo económico de Castilla-La Mancha”, ha rubricado la consejera.
