Madrid, 14 de enero de 2026.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha manifestado su rotundo rechazo hacia la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica que ha sido presentada por el Gobierno central a través de diferentes medios. Según los datos que maneja el Ejecutivo castellano-manchego, esta propuesta se caracteriza por promover la ordinalidad, un concepto que el Gobierno regional considera una «línea roja», ya que aboga por que “quien más tiene, más reciba”.
Así lo ha expresado Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, en declaraciones a la prensa antes del pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado en Madrid, presidido por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ruiz Molina estuvo acompañado por el director general de Presupuestos, Isidro Hernández, en este encuentro clave para discutir un tema de suma importancia para la financiación regional.
El consejero ha señalado que esta propuesta ha surgido “del chantaje de los independentistas catalanes”, a quienes acusa de buscar privilegios y mayor financiación en detrimento de otras comunidades. Ruiz Molina ha enfatizado la necesidad de obtener datos concretos que expliquen cómo se ha ampliado la financiación para cada región. Critica que, en la historia de la financiación autonómica, no haya acceso a datos claros, y que las únicas informaciones provengan de las declaraciones de la ministra y de un dossier de prensa. “Solo el Estado, los independentistas catalanes y, parece, el presidente de la Generalitat tienen acceso a esos datos”, ha apuntado.
Respecto a la petición del Gobierno central al Partido Popular para que presente una alternativa a esta propuesta de financiación, Ruiz Molina considera que debe hacerse una demanda similar al Partido Socialista, dado que el actual modelo no se ha negociado en el seno del PSOE. Además, ha señalado que se han incumplido dos resoluciones del último Congreso Federal del PSOE.
El primero de estos incumplimientos se relaciona con la multilateralidad, ya que, según el consejero, “se ha negociado de manera bilateral”, con el agravante de que ni siquiera se ha discutido con una comunidad autónoma, sino con un partido que no tiene gobierno en ninguna comunidad.
En cuanto al principio de ordinalidad, que parece estar en el centro de este nuevo modelo, Ruiz Molina ha reiterado que para el Gobierno de Castilla-La Mancha es inaceptable. Denuncia que este principio implica que las comunidades autónomas con mayor capacidad tributaria reciban más recursos, lo que se traduce en mejores servicios públicos para sus ciudadanos frente a otras comunidades. Esta concepción, ha argumentado, es “indefendible” y no solo es rechazada por el Ejecutivo regional, sino también por sectores de la izquierda.
Finalmente, el consejero ha afirmado que la ordinalidad es incompatible con el principio de igualdad, que debe regir la financiación de los servicios públicos en todas las comunidades, independientemente de la capacidad económica de sus habitantes. Para el Gobierno de García-Page, lo ideal es contar con un modelo de financiación que ajuste la asignación por habitante, promoviendo así la igualdad en el acceso a servicios públicos de calidad. Con estas palabras, el Gobierno autonómico busca dejar claro su firme oposición a un modelo que considera injusto y perjudicial para la equidad entre las diferentes regiones de España.
