En la última sesión del Consejo de Gobierno, celebrada el 16 de diciembre de 2025, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un paso significativo al aprobar un incremento retributivo para el personal al servicio del sector público regional. Este acuerdo se enmarca en el Real Decreto-Ley 14/2025, sobre medidas urgentes en materia de retribuciones, y afecta a los ejercicios 2025 y 2026.
El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, explicó que la medida responde a lo establecido en el Acuerdo Marco, firmado el 27 de noviembre de 2025, entre el Gobierno de España y las organizaciones sindicales, que define las condiciones retributivas de los empleados públicos para el periodo 2025-2028. Este incremento tiene un impacto económico global de 192 millones de euros, beneficiando a más de 100.000 empleados de la región, incluyendo personal de la Administración regional, empresas públicas, fundaciones y profesorado de centros de enseñanza concertados.
En concreto, el aumento salarial será del 2,5% para 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero del mismo año, y del 1,5% para 2026. Se contempla un posible incremento adicional del 0,5% en 2026, dependiendo de la inflación. Ruiz Molina subrayó que la implementación del primer incremento se realizará en la nómina de enero de 2026, lo que permitirá el abono de atrasos acumulados desde el inicio del año. Esta decisión, según el consejero, considera los plazos administrativos y la coincidencia con el período navideño, cuando se adelanta el abono de las nóminas.
El consejero de Hacienda también destacó que la nueva subida de salarios representa una parte de un esfuerzo más amplio del Gobierno de Castilla-La Mancha en la mejora de las condiciones laborales del personal público. Desde 2015, el gasto en personal ha aumentado más de un 55%, con un compromiso claro hacia la mejora de la calidad de los servicios públicos y el bienestar de la ciudadanía.
Durante la rueda de prensa, Ruiz Molina también defendió el rechazo a las enmiendas presentadas por el Partido Popular, argumentando que estas propuestas representarían importantes recortes que afectarían a los servicios públicos, además de poner en peligro el equilibrio presupuestario. Destacó que aceptar estas enmiendas llevaría a un déficit desproporcionado y a despidos en la administración pública, un escenario que el Gobierno regional se ha comprometido a evitar.
La aprobación del incremento retributivo y los debates en torno al presupuesto de 2026 reflejan un momento crítico para la administración pública en Castilla-La Mancha, donde se busca equilibrar la mejora de las condiciones laborales de los empleados con la sostenibilidad financiera y el mantenimiento de servicios esenciales para la población.
