El Gobierno de Castilla-La Mancha confirma el acuerdo para proteger y acoger a menores no acompañados en la región

El Gobierno de Castilla-La Mancha ratifica acuerdo de colaboración para la protección y acogida de menores no acompañados

En una reunión celebrada en Santa Cruz de Tenerife, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha ratificado el acuerdo de colaboración para la protección y acogida de menores no acompañados en Castilla-La Mancha.

La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia abordó diversos temas relacionados con la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, incluyendo la propuesta de reforma del artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. También se aprobó la distribución territorial del crédito destinado a la financiación en 2024 de la atención a estos menores, así como la creación de un grupo de trabajo para su atención.

García Torijano destacó la importancia de dar una respuesta efectiva, real y coordinada a la emergencia nacional e internacional que supone la situación de los menores no acompañados. En este sentido, se comprometió a votar a favor de la acogida de los menores asignados a Castilla-La Mancha.

La consejera también se refirió a la reforma de la Ley de Acogida, señalando la importancia de contar con una financiación adecuada para garantizar unas condiciones óptimas para los menores acogidos. En la actualidad, en Castilla-La Mancha se encuentran bajo protección y tutela de la administración un total de 84 menores no acompañados.

Además, García Torijano hizo hincapié en la necesidad de trabajar en la raíz del problema de la migración de menores, buscando soluciones a largo plazo. En este sentido, destacó la importancia de visitar centros de migrantes, como el de Canarias, para comprender la realidad y buscar posibles soluciones.

En resumen, el Gobierno de Castilla-La Mancha reafirma su compromiso con la protección y acogida de los menores no acompañados, trabajando en colaboración con el Gobierno de España y otras comunidades autónomas para garantizar su bienestar y futuro.

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