El Gobierno de Castilla-La Mancha apuesta por el retorno de población emigrada como una estrategia para atraer talento y luchar contra la despoblación. Así lo ha señalado el viceconsejero de Relaciones Institucionales perteneciente a la Vicepresidencia Segunda del Gobierno regional, Javier Vicario, durante la reunión del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, que tuvo lugar en Oviedo, en presencia del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en funciones, José Luis Escrivá.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, actualmente hay 44.762 castellanomanchegos y castellanomanchegas residiendo en el extranjero, de los cuales aproximadamente la mitad se encuentran en países de la Unión Europea. Ante esta realidad, el Gobierno de Castilla-La Mancha se prepara para la aprobación del nuevo reglamento de Ciudadanía en el Exterior, con el objetivo de reunir normativas dispersas y adaptarse a los nuevos perfiles migratorios.
El nuevo reglamento prevé la actualización del sistema de ayudas a la ciudadanía exterior y la extensión del acceso a las prestaciones sociales en todos los países, incluso aquellos que no tienen un Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones. Según el viceconsejero de Relaciones Institucionales, esta actualización representará «una profunda democratización de la acción protectora que despliega el Gobierno de España para la ciudadanía en el extranjero».
Dentro de las medidas contempladas en este nuevo reglamento se encuentra la creación de una Oficina Nacional de Retorno, encargada de atender las necesidades de los retornados y coordinar a las administraciones implicadas. Además, enfocará su acción en atraer talento científico a España, una iniciativa en la que Castilla-La Mancha ya está trabajando con resultados positivos y de referencia a nivel nacional.
El concepto de retornados se actualizará con la inclusión de nuevos nacionales que no han vivido en España, descendientes de emigrantes y exiliados, incluyendo aquellos reconocidos por la ley de Memoria Democrática. Asimismo, se contemplarán medidas concretas de apoyo a las ciudadanas españolas residentes en el exterior víctimas de violencia de género y a sus descendientes, a través de subvenciones y ayudas económicas individuales directas.
En resumen, el Gobierno de Castilla-La Mancha muestra su compromiso con la ciudadanía exterior y apuesta por el retorno de población emigrada como un motor para atraer talento y combatir la despoblación. El nuevo reglamento de Ciudadanía en el Exterior refleja esta visión y busca adaptarse a las necesidades y perfiles migratorios actuales, con el objetivo de proporcionar mayor apoyo y protección a los retornados y a las ciudadanas españolas residentes en el extranjero.
