El Gobierno de Castilla-La Mancha sigue trabajando en su compromiso de consolidar el empleo público, ofrecer estabilidad a las plantillas y reducir la temporalidad. En este sentido, se ha aprobado la Oferta Pública de Empleo correspondiente al año 2023, con un total de 3.338 plazas, distribuidas en Sanidad, Educación y Administración General.
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, informó que desde el año 2016 se han aprobado cerca de 25.000 plazas, lo que significa una media de más de 3.000 plazas al año. Esta acción se enmarca en el objetivo de fomentar la inclusión sociolaboral, reservando un siete por ciento de las plazas para personas con discapacidad, distribuidas en un cinco por ciento para discapacidad general y un dos por ciento para discapacidad intelectual.
Además, se han detallado que del total de plazas, 2.585 corresponden a nuevo ingreso y 753 para el sistema de promoción interna. Los procesos selectivos se llevarán a cabo mediante el sistema de concurso-oposición, y se prevé la convocatoria de los exámenes en el último trimestre de 2024.
Ruiz Molina destacó el esfuerzo del Gobierno regional para consolidar el empleo público en Castilla-La Mancha, con el objetivo de evitar despidos por ajustes económicos y reducir la tasa de temporalidad. Se busca mantener un porcentaje por debajo del ocho por ciento de las plazas estructurales, cumpliendo con la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Otro aspecto relevante es la incorporación de personas con discapacidad a la función pública, con una atención especial a través de un turno independiente y adaptado. Finalmente, se busca facilitar oportunidades de desarrollo profesional a los empleados públicos mediante la promoción interna, con el fin de mejorar la calidad de los servicios públicos prestados desde la Administración regional.
En resumen, el Gobierno de Castilla-La Mancha sigue avanzando en su compromiso de consolidar el empleo público, con acciones concretas que buscan ofrecer estabilidad laboral, fomentar la inclusión sociolaboral y mejorar la calidad de los servicios públicos en beneficio de la ciudadanía de la región.
