El Gobierno de Castilla-La Mancha aboga por un nuevo modelo de financiación autonómica
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha defendido en las Cortes regionales la necesidad de consensuar y negociar un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice la igualdad en el acceso a los servicios públicos con un mismo nivel de calidad. Esta propuesta conjunta entre todas las fuerzas políticas busca establecer un diálogo común para alcanzar una reforma justa y equitativa que fortalezca la posición de la región en las negociaciones.
Según Ruiz Molina, el nuevo modelo debe valorar el coste real de financiar los servicios públicos que corresponden a las autonomías, teniendo en cuenta variables como la superficie, la población, la dispersión, la renta per cápita y la pobreza relativa. Se aboga por un sistema de nivelación total que no esté vinculado a la capacidad fiscal de los territorios, distribuyendo los recursos en función de la población ajustada.
Además, se defiende la necesidad de una armonización fiscal para que la ciudadanía pague impuestos en función de su capacidad económica y no de su lugar de residencia, evitando la competencia fiscal desleal entre regiones. También se destaca la importancia del principio de lealtad institucional, que implica compensar a las comunidades autónomas por medidas que afecten a sus finanzas adoptadas por el Gobierno nacional.
En relación con la despoblación, se plantea financiarla a través de un fondo adicional y se propone la aprobación de un fondo transitorio para compensar a las autonomías infrafinanciadas temporalmente. Asimismo, se aboga por una reestructuración de la deuda, proponiendo que un órgano independiente determine qué parte de la misma es consecuencia de factores externos.
El Gobierno de Castilla-La Mancha rechaza las negociaciones bilaterales y finanzas singulares con Cataluña, defendiendo la igualdad y la solidaridad en las negociaciones. Se exige que cualquier nuevo modelo de financiación se discuta en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, con la representación tanto del Gobierno central como de las comunidades autónomas.
