El Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado su firme rechazo al nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Ejecutivo central, advirtiendo que esta reforma podría llevar a la región a una situación aún más desfavorable en términos de financiación. Durante un debate en las Cortes regionales, el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, presentó los argumentos en contra del modelo que, según él, no cumple con los principios fundamentales que defiende la comunidad.
Ruiz Molina basó sus críticas en un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), que sugiere que la financiación para Castilla-La Mancha podría disminuir del 95,1% al 94,5%, empeorando incluso en comparación con el modelo actual. En este sentido, instó al Gobierno central a aclarar la situación y a publicar detalles sobre la financiación destinada a cada comunidad autónoma.
El consejero subrayó que su oposición no es a los 1.248 millones de euros que la región recibiría, sino a que, bajo el nuevo modelo, la financiación sería relativamente inferior. «No se trata de querer más que los demás, sino de recibir lo que nos corresponde de manera justa», afirmó.
Entre los principios que Ruiz Molina afirmó que se vulneran con la nueva propuesta, se menciona la falta de multilateralidad en las negociaciones, en las que participaron grupos políticos que no representan a las comunidades. Además, cuestionó la suficiencia del modelo, advirtiendo que si bien la cantidad global destinada a las autonomías podría aumentar, no hay garantía de que su reparto sea equitativo.
Uno de los puntos más controvertidos abordados por el consejero fue la afirmación de la ministra de Hacienda sobre que este modelo «tiende a la ordinalidad», algo que el Gobierno regional considera inaceptable. La ordinalidad, que favorece a las comunidades con mayor capacidad económica, se ve incompatible con el principio de igualdad en la prestación de servicios públicos.
Además, Ruiz Molina defendió la necesidad de establecer un modelo financiero que asegure la misma financiación por habitante ajustado para todas las comunidades, lo que garantizaría un trato equitativo sin importar la capacidad tributaria de los territorios. Recientemente, el consejero criticó la falta de acción del Partido Popular en la reforma de un sistema de financiación que caducó en 2014, enfatizando la importancia de priorizar los intereses de Castilla-La Mancha por encima de intereses partidistas.
El consejero también habló sobre la condonación de la deuda, destacando que Castilla-La Mancha sería la comunidad que más se beneficiaría de esta medida, con un ahorro estimado de 760 millones de euros. Hizo un llamado al Partido Popular para que apoye la aprobación de esta ley en el Congreso, recordando que rechazarla equivaldría a desestimar una reducción significativa de la deuda.
En conclusión, el Gobierno de Castilla-La Mancha reafirmó su compromiso de defender los intereses de la región con coherencia y unidad, independientemente de las circunstancias políticas a nivel nacional. Esta postura se mantiene firme en busca de una financiación justa y equitativa que garantice el bienestar de sus ciudadanos.
