Toledo, 10 de enero de 2026.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha manifestado su firme oposición a la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica presentada por el Ministerio de Hacienda, asegurando que este modelo “condena a la región a obtener una financiación que está por debajo de la media del conjunto de las comunidades autónomas”. En una rueda de prensa, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, expuso que la situación financiera de Castilla-La Mancha es, en esencia, consecuencia de un modelo que ha perdurado en el tiempo y que no ha cambiado con la nueva propuesta.
Ruiz Molina enfatizó que, según la información disponible hasta el momento, “la región seguiría financiada por debajo de la media”. Hizo énfasis en que, mientras algunas comunidades autónomas, como Cataluña, se benefician de este nuevo modelo, el resto de las regiones se ven perjudicadas. “Si bien Cataluña sale muy bien parada, es a costa del resto de las comunidades”, subrayó.
El consejero también criticó la falta de transparencia y de información detallada desde el Ministerio, argumentando que la valoración del Ejecutivo autonómico se basa en los resúmenes de prensa y las declaraciones públicas de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Esta carencia de datos concretos ha dificultado un análisis más profundo y riguroso de la propuesta.
Una de las críticas más contundentes de Ruiz Molina se centró en el consenso alcanzado para este nuevo modelo, el cual, según él, fue negociado exclusivamente con los independentistas catalanes. “Este es un modelo acordado con una sola comunidad autónoma, y por tanto, no puede responder al interés general. Satisface únicamente los intereses de Cataluña”, enfatizó. El consejero argumentó que si el modelo se hubiera discutido con Castilla-La Mancha, se habrían presentado demandas y propuestas que reflejan las necesidades y particularidades de la región.
Respecto a la valoración del modelo en sí, Ruiz Molina señaló que se trata más de una “metodología para trocear la riqueza nacional” en lugar de un mecanismo que garantice la financiación adecuada para prestar los servicios que son competencia de las comunidades autónomas. “Es un modelo regresivo que consagra el principio de ordinalidad, favoreciendo a quienes tienen mayor capacidad tributaria en detrimento de aquellos con menos capacidad”, agregó.
Este principio de ordinalidad, según el consejero, implica que las comunidades autónomas con mayor capacidad económica recibirán más recursos, lo que a su vez perpetúa las desigualdades en la prestación de servicios públicos. Así, las regiones con menor capacidad tributaria quedan condenadas a ofrecer servicios en condiciones de desventaja comparativa.
Ruiz Molina denunció que este modelo también reduce la solidaridad interregional, concentrando más financiación en territorios con mayor renta per cápita, lo que crea una situación de desigualdad y va en contra del principio de igualdad que debería regir en la financiación autonómica. “La idea es que todas las comunidades autónomas puedan prestar servicios públicos en condiciones de igualdad, independientemente de su capacidad económica”, concluyó, calificando el modelo como “claramente regresivo”.
Con estas declaraciones, el Gobierno de Castilla-La Mancha deja claro su rechazo al nuevo modelo de financiación autonómica y su compromiso con la búsqueda de un sistema más equitativo que garantice una distribución justa de recursos. Las próximas semanas se presentan cruciales para el debate en torno a esta polémica propuesta que afecta a todas las comunidades autónomas.
