El Ministerio para la Transición Ecológica planea invitar a las comunidades autónomas a mantener reuniones trilaterales con el operador del sistema Red Eléctrica (REE) en el marco del diseño de la nueva Planificación de Electricidad 2025-2030. Este anuncio fue realizado por la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante la Conferencia Sectorial de Energía, en la que se presentaron los avances más recientes y se destacó el notable cambio que ha experimentado España en este ámbito.
Aagesen subrayó que el Ministerio está avanzando en la configuración de la nueva planificación eléctrica, indicando que el 41% de las solicitudes corresponden a demandas de acceso, seguidas por el 40% para generación y el 19% para almacenamiento. La ministra también destacó el considerable interés en la generación de energía, con un número de peticiones de proyectos fotovoltaicos cinco veces superior a lo requerido para cumplir el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (PNIEC), así como el aumento en las solicitudes de energía eólica y almacenamiento.
Sin embargo, Aagesen advirtió que no será posible integrar todas las solicitudes en un periodo de cuatro años. Por tanto, agradeció a las comunidades autónomas su esfuerzo en la priorización de proyectos y les instó a coordinarse con el Ministerio y Red Eléctrica para afinar el diseño de la nueva Planificación, con un enfoque en la demanda industrial, la descarbonización y la competitividad económica.
El Ministerio señalará que también se revisarán los límites de inversión anual respecto al PIB en las redes eléctricas, buscando un equilibrio que contenga los costos para los consumidores. Durante la conferencia, se revisó el avance del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que cuenta con más de 5.000 millones de euros destinados a varias iniciativas, incluidas aquellas vinculadas al autoconsumo y la movilidad eléctrica.
Se enfatizó el crecimiento en la infraestructura de recarga, superando ya los 40.000 puntos públicos, y se instó a que las comunidades autónomas supervisen y agilicen la instalación de estos puntos, especialmente en grandes gasolineras y aparcamientos.
La lucha contra la pobreza energética también fue abordada, con un llamado a maximizar la colaboración en la elaboración de una nueva Estrategia Nacional, actualmente en consulta pública. Aunque el número de beneficiarios del bono social ha aumentado, el objetivo es garantizar que ninguna persona elegible quede sin acceso a este beneficio. La vicepresidenta destacó la necesidad de identificar mejor a los consumidores vulnerables y asegurar que todos los beneficiarios potenciales reciban la protección que establece la normativa energética.
