El Gobierno central tiene previsto celebrar un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en enero de 2025, con la finalidad de discutir la condonación de la deuda autonómica. Esta reunión se produce en un contexto en el que las comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP) han manifestado su intención de utilizar este foro para poner en marcha la reforma del sistema de financiación autonómica.
La necesidad de abordar la financiación autonómica surgió tras la reciente Conferencia de Presidentes en Santader, que concluyó sin acuerdos resolutivos, a pesar de que el Gobierno de Sánchez había accedido a incluir el tema en la agenda. En esta cita, se comprometió a convocar el CPFF para tratar la condonación de la deuda, una medida que no ha satisfecho a los líderes autonómicos, quienes consideran que este tema debe ir precedido por una discusión más amplia sobre la financiación.
La condonación de la deuda fue parte de los acuerdos entre el PSOE y ERC de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Este pacto contemplaba una reducción del déficit de Cataluña con el Estado de hasta un 20%, una posibilidad que podría extenderse a otras comunidades que lo requirieran. Sin embargo, las comunidades del PP han calificado este compromiso de «parche» y «chantaje», insistiendo en que es prioritario abordar la reforma del sistema de financiación antes de hablar de la condonación de la deuda.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y figura prominente del PP, ha solicitado que la condonación de la deuda se limite a la Comunidad Valenciana, argumentando que se encuentra en una situación crítica después de los efectos de la DANA. Por el contrario, los presidentes de Euskadi y Navarra han expresado su deseo de ser compensados de manera similar, a pesar de no formar parte del régimen común de financiación.
El debate sobre financiación también ha generado divisiones internas en el PP, como ha señalado el socialista asturiano Adrián Barbón, quien ha observado que existen diferencias significativas entre las diversas facciones del partido. Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha abogado por un consenso de financiación entre el PSOE y el PP para contrarrestar las «presiones» de partidos como Junts y ERC.
En el ámbito del PP, Alberto Núñez Feijóo reunió a sus presidentes autonómicos para redactar un documento en contra de cualquier trato financiero favorable para Cataluña pactado entre el PSC y ERC, manifestando su deseo de que la cuestión de financiación se aborde de manera conjunta y no singular. Esta postura fue reafirmada en las reuniones bilaterales con el presidente Sánchez en el Palacio de la Moncloa.
El Gobierno, por su parte, intenta equilibrar un nuevo modelo de financiación que reconozca tanto la bilateralidad como la multilateralidad, con el fin de asegurar que todas las comunidades autónomas reciban recursos adicionales. Esta perspectiva fue reflejada en el reciente 41º Congreso Federal del PSOE, donde se propuso que el Consejo de Política Fiscal y Financiera sea el órgano principal para abordar la reforma.
Finalmente, aunque se reconoció la necesidad de un marco de diálogo multilateral, el nuevo acordado por las comisiones del PSOE también hace espacio para la bilateralidad, un encuadre que ha logrado unir las posturas de distintas ‘baronías’ del partido, incluyendo a socialistas catalanes, lo que sugiere que el camino hacia la reforma del sistema de financiación autonómica continúa siendo un desafío complejo en la política española.
