El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha comunicado recientemente a las comunidades autónomas la resolución que distribuye un total de 914 hectáreas para nuevas plantaciones de viñedo en el año 2025, en el marco del régimen de autorizaciones vigente. De esta cifra, destacan las 472 hectáreas que han sido autorizadas en Castilla-La Mancha, que lidera la distribución de estas nuevas plantaciones.
La superficie concedida se ha repartido entre los siete grupos de prioridad establecidos por el Ministerio. Esta distribución ha permitido que los jóvenes viticultores y las pequeñas y medianas explotaciones obtengan el 100% de la superficie admisible solicitada, con un límite máximo de 5 hectáreas por solicitante. Asimismo, los viticultores que no disponen de viñedo ilegal o abandonado, y que han cumplido con los compromisos del régimen de autorizaciones, también recibirán el 100% de la superficie admisible. Para aquellos solicitantes que no cumplen con los criterios de prioridad, la concesión será del 30,2% de la superficie admisible.
En términos de distribución demográfica, el 70,6% de la superficie concedida corresponde a viticultores con pequeñas y medianas explotaciones, de los cuales un 21% son jóvenes. Además, un 2,7% de la superficie va destinada a jóvenes que se están incorporando al sector vitivinícola.
Por comunidades autónomas, además de Castilla-La Mancha, que lidera la lista con 472 hectáreas, le siguen Castilla y León con 126 hectáreas y Cataluña con 115 hectáreas. A pesar de esta distribución, se observa que la demanda de nuevas plantaciones continúa en una tendencia descendente. Este año, la superficie solicitada se ha reducido en un 9,5% en comparación con 2024, año en el que ya se había registrado una caída del 41% respecto a 2023.
Las comunidades autónomas están obligadas a notificar la resolución a los beneficiarios antes del 1 de agosto, conforme al procedimiento habitual establecido por el Ministerio.
Es importante resaltar que el régimen de autorizaciones de plantación de viñedo, que se encuentra vigente desde el 1 de enero de 2016, sustituye al sistema de derechos anterior. Este régimen permite un crecimiento controlado del potencial de producción, alineándose con la normativa tanto de la Unión Europea como a nivel nacional. Cada año se establece un cupo máximo de superficie para nuevas plantaciones, siendo el límite para 2025 fijado en el 0,1% de la superficie plantada de viñedo al 31 de julio de 2024, lo que equivale a las 914 hectáreas autorizadas, siguiendo así la recomendación de la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE).
