El Ministerio de Hacienda se encuentra en la fase de elaboración de una propuesta para reformar el sistema de financiación autonómica, válida para todas las comunidades del país. Esta iniciativa, que se espera sea positiva y beneficiosa, tiene como objetivo ser presentada antes de que finalice la actual legislatura, tal como aseguró recientemente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un evento en Barcelona.
Fuentes del Ministerio, liderado por María Jesús Montero, han confirmado que se está trabajando activamente en un nuevo modelo de financiación, en respuesta a la necesidad de renovación expresada por Sánchez. Este esfuerzo se produce poco después de la aprobación, en el Consejo de Ministros, del anteproyecto para la condonación de la deuda, lo que ha llevado al Gobierno a fijarse el objetivo de reformar un sistema de financiación que lleva más de diez años caducado.
Paralelamente, existe un compromiso del Gobierno para cumplir con el acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC sobre una financiación singular para Cataluña, aunque aún no se ha definido la forma en que se llevará a cabo este planteamiento.
Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han comenzado a interrelacionar la condonación de deuda con la modificación del sistema de financiación, argumentando que esta medida es simplemente un «parche» que no atiende la raíz del problema, que es la necesidad de un nuevo modelo. Por lo tanto, han instado al Gobierno a incluir el tema en discusiones importantes, como las del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y la Conferencia de Presidentes.
La ministra Montero ha instado a la colaboración del PP para llegar a un acuerdo que garantice una financiación autonómica sólida, recordándoles que la implementación del nuevo modelo necesitará el respaldo de las Cortes Generales, más allá de lo que acuerden las comunidades en los foros consultivos.
Durante la legislatura pasada, el Ministerio de Hacienda ya había presentado a las comunidades autónomas su propuesta para reformar el sistema de financiación, fundamentada en el criterio de población ajustada, incluyendo variables solicitadas por las regiones que se consideran infrafinanciadas. Después de este planteamiento, el Gobierno ofreció a las comunidades un mes para que pudieran presentar sus alegaciones. Sin embargo, el proceso se ha estancado debido a la llegada de elecciones en diversas autonomías y a nivel nacional, a pesar de que numerosos presidentes han continuado insistiendo a Sánchez sobre la urgencia de reformar el modelo y la creación de un fondo compensatorio que beneficie a las regiones en espera de la actualización del mismo.
