El Consejo de Ministros ha tomado decisiones relevantes en su última reunión, celebrada este martes, al aprobar un paquete de medidas a instancias del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) destinado a reparar los daños causados por la DANA que afectó especialmente a la comunidad de Valencia a finales de octubre. El importe máximo destinado para estos trabajos de emergencia asciende a 4.542.800 euros.
Entre los acuerdos adoptados figura la declaración de emergencia para las labores de retirada de arrastres y reparación del encauzamiento del arroyo de Letur en Albacete. Este proyecto incluye también la restitución de caminos de servicio y motas del arroyo, así como la retirada de arrastres y la reconstrucción del muro de la rambla de la dehesa de la zona, con un importe máximo de 1.976.000 euros.
Otro punto destacado en la reunión fue la certificación de la declaración de emergencia para la reconstrucción del punto de control del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) y la estación de aforos en el río Taibilla, que se ubica en la confluencia con el río Segura. Este proyecto, igualmente afectado por los daños provocados por la DANA, contempla un importe máximo de 400.000 euros.
Además, se ha tomado nota de la declaración de emergencia para la retirada de sedimentos y arrastres, así como la adecuación de las embocaduras de los desagües de fondo de la presa de la Risca, en Moratalla, Murcia, con un costo máximo de 560.000 euros.
El cuarto acuerdo aprobado hace referencia a la declaración de emergencia de las obras para reparar los daños en los cauces de la cuenca del Segura, como consecuencia de la DANA en varios términos municipales de Murcia y Almería, que cuenta con un presupuesto máximo de 1.606.800 euros.
Por otro lado, el Gobierno también ha acordado la declaración de emergencia para llevar a cabo acciones de restauración hidrológico-forestal en infraestructuras dañadas por las lluvias torrenciales en la provincia de Teruel, con un importe máximo de 322.877,72 euros. Estas decisiones reflejan el compromiso del Gobierno por abordar los daños derivados de fenómenos climáticos extremos y mejorar la resiliencia en las regiones afectadas.
