El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves un tercer paquete de medidas destinadas a apoyar a los afectados por la DANA. Este paquete, que asciende a 2.274 millones de euros, tiene como objetivo garantizar que las ayudas proporcionadas no se computen como ingresos para el reconocimiento de otras prestaciones, incluyendo el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y los complementos a mínimos de las pensiones contributivas de la Seguridad Social.
Con esta medida, se evita que las ayudas por daños causados por la DANA se conviertan en un obstáculo para acceder a otros derechos, como las pensiones no contributivas y las prestaciones familiares. Además, el texto aprobado también establece la extensión del plazo de la incapacidad temporal extraordinaria para aquellos trabajadores que hayan sufrido daños físicos o psicológicos a consecuencia de la DANA hasta el 31 de diciembre. Esta nueva protección asegura que se garantice el 75% del salario desde el primer día de baja, tratándose estas bajas como si fueran derivadas de un accidente laboral, y sin exigencia de periodo mínimo de cotización.
Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha indicado que la ampliación del plazo busca proteger a los trabajadores que han sufrido los efectos de la DANA en su salud, especialmente en lo que respecta a daños psicológicos. Según las cifras del momento, la Seguridad Social ha recibido 4.151 partes de baja de trabajadores que han sufrido lesiones por esta circunstancia.
El paquete de medidas también incluye la ampliación del cese de actividad mejorado para aquellos autónomos que antes de la crisis estaban cotizando por la tarifa plana de 80 euros. Esta medida podría beneficiar a unos 10.000 autónomos en la zona afectada. La prestación, que contemplará la exoneración de cuotas, será reconocida de manera retroactiva desde el 28 de octubre, siempre que los interesados presenten la correspondiente solicitud ante la mutua correspondiente.
Hasta la fecha, se han presentado 3.401 solicitudes de prestaciones por cese de actividad mejorada, dirigidas a aquellos autónomos cuyos negocios han sido directamente impactados por la DANA. Esta prestación proporciona un apoyo del 70% de su base de cotización, sin requerir el periodo mínimo habitual de 12 meses de cotización, sumando este tiempo a su historial para efectos de pensión.
El Gobierno también ha puesto en marcha una modalidad parcial para aquellos autónomos que continúan operando, pero cuya actividad se ha visto gravemente afectada. Estos trabajadores podrán recibir una prestación del 50% de su base de cotización, compatibilizándola con su actividad laboral.
Además, se ha habilitado un acceso al ERTE por Fuerza Mayor ampliado para las empresas afectadas, independientemente de su localización geográfica. Actualmente, hay 2.539 empresas con 27.765 trabajadores en esta situación.
En cuanto a las ayudas sociales, los beneficiarios del IMV y las pensiones no contributivas en los municipios gravemente perjudicados por la DANA han notado un incremento del 15% en sus prestaciones, mientras que el complemento de ayuda a la infancia ha aumentado un 30% para aproximadamente 10.350 hogares de la zona afectada. Este aumento se ha implementado de oficio, sin que los beneficiarios deban realizar ningún trámite.
Finalmente, a partir del 1 de enero, se facilitarán las solicitudes del IMV por pobreza sobrevenida, teniendo en cuenta los ingresos de los tres meses anteriores para su evaluación.
