El Consejo de Ministros, en su reunión de este jueves, ha dado luz verde a un Real Decreto-ley propuesto por el Ministerio de Trabajo, el cual introduce una serie de medidas laborales y de prevención de riesgos en relación con el cambio climático y las catástrofes. La reforma más destacada de esta norma es la modificación del Estatuto de los Trabajadores, que establece un nuevo «permiso climático» con carácter retribuido. Este permiso asegura el derecho de los empleados a no asistir a su puesto de trabajo en situaciones de catástrofes o alertas climáticas.
De acuerdo con la nueva legislación, los trabajadores que no puedan acceder a su lugar de trabajo por razones de fuerza mayor, como limitaciones impuestas por las autoridades debido a fenómenos meteorológicos adversos, podrán beneficiarse de hasta cuatro días de permiso remunerado. En situaciones que se extiendan más allá de este periodo, las empresas tendrán la opción de poner a los trabajadores en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o prorrogar el permiso, con el apoyo económico del sistema.
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, ha destacado que esta medida es la primera en su tipo en España y se inspiró en modelos ya existentes en otros países, como Canadá. A su vez, ha subrayado la importancia de que las empresas implementen el trabajo a distancia cuando su actividad lo permita, conforme a la legislación vigente.
Por su parte, Carlos Cuerpo, ministro de Economía, ha señalado que los permisos climáticos se aplicarán únicamente en circunstancias que hagan imposible trabajar de forma presencial y donde el trabajo remoto no sea factible. Este enfoque busca garantizar que los permisos se concedan en situaciones adecuadas, siendo fundamental la participación de los representantes laborales para identificar las razones de los mismos.
Además, la norma impone a los convenios colectivos la obligación de incluir protocolos de actuación para prevenir riesgos relacionados con catástrofes y fenómenos meteorológicos. Díaz ha afirmado que el Gobierno está comprometido con políticas medioambientales efectivas, resaltando que se está dando un paso significativo hacia adelante frente al negacionismo climático.
Los trabajadores contarán con nuevos derechos que les permitirán acceder a información sobre las medidas a adoptar en caso de situaciones de emergencia. Esto incluye el derecho a suspender actividades en condiciones de riesgo inminente. La empresa estará obligada a informar de manera ágil sobre las medidas a seguir y suspender las labores ante peligros.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social se ha comprometido a desarrollar un Real Decreto en un plazo máximo de un año, buscando abordar la protección de los trabajadores frente a los efectos del cambio climático en su entorno laboral. En este sentido, las empresas tendrán el plazo de 12 meses para diseñar sus respectivos protocolos climáticos, adaptados a las características de sus actividades y a los riesgos ambientales específicos que pueden enfrentar sus empleados.
Con estas nuevas regulaciones, el Gobierno busca proporcionar una mayor certidumbre laboral y protección a los trabajadores en un contexto de creciente emergencia climática, asegurando que estas normas se integren adecuadamente en la vida laboral del país.
