El anuncio por parte del Gobierno español de iniciar contactos con Marruecos para que gestione el espacio aéreo del Sáhara Occidental ha desatado el rechazo del Frente Polisario.
Este gesto de España supone una violación más de los derechos del pueblo saharaui y un nuevo apoyo a la política marroquí de ocupación del territorio. No cabe duda de que España sigue manteniendo una postura ambigua en el conflicto, lo que no ayuda en absoluto a la resolución del mismo.
El Frente Polisario, legítimo representante del pueblo saharaui, ha condenado firmemente esta acción, argumentando que España es parte del problema y no de la solución, por lo que está dando la espalda a su responsabilidad histórica de garantizar el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.
Esta nueva situación supone un grave revés para las aspiraciones del pueblo saharaui a ejercer sus derechos de manera pacífica y democrática. La resolución del conflicto del Sáhara Occidental pasa por la celebración de un referéndum de autodeterminación, tal y como estipula la legalidad internacional.
La postura del Gobierno español va en dirección contraria a lo que debería ser su obligación, que es defender la legalidad internacional y los derechos humanos. El respaldo a la ocupación del Sáhara Occidental solo va a incrementar la inestabilidad en la región, lo que será perjudicial para el conjunto de la comunidad internacional.
Hay que recordar que el Sáhara Occidental es el último territorio pendiente de descolonización en África y que, desde 1975, está bajo ocupación marroquí en contra de la legalidad internacional y de las resoluciones de la ONU.
La postura del Gobierno español supone una clara falta de coherencia con respecto a los derechos humanos y la legalidad internacional y no ayuda en absoluto a la consecución de una paz justa y duradera en la zona. El Sáhara Occidental es un tema sensible que requiere un abordaje justo y riguroso, y la postura del Gobierno español no está a la altura de las circunstancias.
En definitiva, el anuncio del Gobierno español de ceder la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental a Marruecos supone un ataque más a los intereses del pueblo saharaui y un nuevo apoyo a la política ocupante de Marruecos en la región. Es fundamental que la comunidad internacional, y especialmente España, asuma su responsabilidad histórica para que se pueda resolver el conflicto del Sáhara Occidental de manera pacífica y justa.
