Las denuncias y el control de la Agencia Tributaria han logrado una notable reducción en el fraude del diésel en España. Este logro se observa en la disminución de las estaciones de servicio implicadas, pasando de afectar a más del 8% hace dos años a cerca del 3% actualmente. A pesar de esto, se identifican alrededor de 356 estaciones, principalmente de marcas blancas, cooperativas y grandes superficies, con precios muy por debajo del mercado. El fraude consiste en la creación de distribuidoras ficticias que venden el combustible a bajo costo y desaparecen sin pagar el IVA y los impuestos especiales, lo que ha llevado al sector a demandar medidas más estrictas.
Las petroleras, en su búsqueda de soluciones, reclaman más supervisión y medidas preventivas. Durante reuniones con Hacienda, se han propuesto cambios significativos como el pago anticipado de impuestos. Sin embargo, estas medidas han suscitado críticas entre los pequeños operadores, quienes argumentan que benefician desproporcionadamente a las grandes compañías, ya que los avales exigidos son inaccesibles para las empresas más pequeñas.
A pesar de las acciones emprendidas, el fraude continúa causando pérdidas millonarias, estimadas en más de 1.000 millones de euros y representando entre el 25% y el 30% de las ventas del sector. Para combatir este fenómeno, el Gobierno ha introducido medidas en el Real Decreto Ley 8/2023, aunque la lentitud en su avance legislativo ha empujado a las petroleras a buscar alternativas que puedan implementarse con mayor celeridad.
