El Fiscal Superior de Castilla-La Mancha, Emilio Manuel Fernández, ha declarado este jueves en la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes que no existe una equivalencia entre los delitos contra la libertad sexual y los Menores Extranjeros No Acompañados (menas). Esto responde a una intervención del diputado de Vox, Iván Sánchez, quien había vinculado ambos temas en su intervención.
Fernández ha matizado su postura, explicando que no puede aceptar el argumento de que los delitos contra la libertad sexual son perpetrados por menas, subrayando que la mayoría de estos crímenes en Castilla-La Mancha son llevados a cabo dentro del entorno familiar y no por extranjeros. Además, ha subrayado que las víctimas de estos delitos suelen ser menores, en su mayoría niñas, independientemente de su nacionalidad.
Sánchez, en su intervención, criticó las políticas de inmigración de los principales partidos, PP y PSOE, argumentando que fomentan la llegada de personas que no protegen a las mujeres y que ponen en riesgo a la sociedad. Aportó cifras sobre el aumento de agresiones sexuales en España, enfatizando la necesidad de proteger a las mujeres, en especial a las más jóvenes.
El debate también abordó el tema de la tramitación de expedientes para determinar la edad de los menas, con Sánchez señalando que de doce casos revisados, solo dos resultaron ser efectivamente menores. Fernández contestó que la determinación de la edad es un procedimiento necesario para establecer el régimen de estancia de estas personas, aunque aclaró que no implica necesariamente la expulsión de aquellos que resulten ser mayores.
La diputada del PP, Tania Andicoberry, agregó a la conversación que los datos sobre violencia de género son preocupantes y que las cifras sugieren que no se está haciendo lo suficiente para abordar esta problemática. Fernández también comentó sobre el tema de las retractaciones de víctimas, destacando que la dilatación en el tiempo de los juicios puede contribuir a que muchas se echen atrás.
Desde el PSOE, el diputado Ángel Tomás Godoy subrayó la urgencia de abordar el aumento de delitos sexuales, especialmente entre los menores de 16 años. En este sentido, planteó la necesidad de legislar sobre la identificación de usuarios en el entorno digital para combatir delitos cibernéticos, una preocupación que Fernández reconoció como compleja pero necesaria, dado el crecimiento del cibercrimen.
