El fiscal Miguel Ángel Carballo, conocido por estar al frente de la investigación del grupo ‘Tsunami Democràtic’, ha formalizado su candidatura para ocupar la jefatura de la Fiscalía en Ciudad Real, una plaza que quedó vacante tras la jubilación de Luis Huete. Esta información ha sido confirmada por fuentes fiscales a Europa Press, las cuales han señalado que además de Carballo, una fiscal de menores de Ciudad Real también compite por el puesto.
El proceso de elección del nuevo fiscal jefe incluirá consideraciones del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien presentará sus recomendaciones al Consejo Fiscal el próximo 6 de marzo. A pesar de que el Consejo emitirá un informe preceptivo sobre estos nombramientos, su opinión no es vinculante.
Una vez pasada esta etapa, García Ortiz propondrá al Consejo de Ministros quién debe ocupar el cargo, no sin antes escuchar al fiscal superior de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, puesto que el nombramiento corresponde a su ámbito territorial. Se espera que la decisión final del Consejo de Ministros se tome antes de Semana Santa de este año.
El paso de Carballo a postularse para la Fiscalía de Ciudad Real no está relacionado, según fuentes jurídicas y fiscales, con las diferencias de criterio entre él y el juez instructor Manuel García Castellón respecto a las investigaciones del caso ‘Tsunami’. Mientras Carballo se muestra contrario a acusar a Carles Puigdemont y a calificar los hechos investigados como delitos de terrorismo, García Castellón tiene una posición divergente.
A pesar de las evidentes discrepancias, que se han reflejado en diferentes autos e informes, se recalca que Carballo es un profesional con una amplia trayectoria y que su potencial ascenso no influiría en su desempeño actual en la causa ‘Tsunami’. En caso de ser seleccionado para la plaza en Ciudad Real, la Fiscalía de la Audiencia Nacional tendría que designar un nuevo fiscal para el mencionado caso.
El cambio de responsables en la causa puede verse también condicionado por una eventual decisión del Tribunal Supremo de tomar control sobre el caso, que podría modificar la necesidad de asignar un nuevo fiscal o incluso fraccionar la causa para enfocarse únicamente en los aforados implicados: Puigdemont y el diputado de ERC Ruben Wagensberg.
