El expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, ha sido condenado a cadena perpetua por insurrección tras su intento fallido de imponer la ley marcial en diciembre de 2024, un acto que desató una de las crisis más severas en la historia democrática del país. En un juicio llevado a cabo en el Tribunal del Distrito Central de Seúl, el juez Jee Kui-youn determinó que el intento de Yoon de enviar fuerzas armadas al Parlamento tenía como objetivo socavar la Constitución y obstruir las instituciones democráticas.
El tribunal calificó de «insurrección» la acción del exmandatario, quien intentó paralizar la Asamblea Nacional con un estado de excepción que duró solo seis horas y fue rápidamente rechazado por el Parlamento. Aunque la Fiscalía había solicitado la pena de muerte, la sentencia se limitó a la cadena perpetua, en un país que mantiene una moratoria de facto sobre esa pena capital. Además, otros altos funcionarios involucrados, como el exministro de Defensa, también recibieron severas condenas, sumando un clima de inestabilidad política.
Como era de esperarse, la decisión generó reacciones intensas entre los ciudadanos, con manifestantes tanto a favor como en contra de Yoon congregándose en las afueras del tribunal. Algunos seguidores del exmandatario mostraron su descontento de forma emocional, lo que provocó preocupaciones sobre posibles disturbios, reminiscentes de incidentes anteriores que involucraron a sus seguidores. La administración y las fuerzas del orden permanecen alertas ante la posibilidad de nuevas tensiones en la sociedad surcoreana.
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