En un evento sin precedentes que ha capturado tanto la atención nacional como la internacional, México se encuentra en la víspera de una transformación radical de su sistema judicial. A partir de este 1 de junio, el país dará un paso histórico renovando a todos los jueces del país mediante votación directa ciudadana, una decisión promovida por el gobierno actual de MORENA que ha generado polarización en diferentes sectores de la sociedad.
El viernes 23 de mayo, los ciudadanos de la capital fueron testigos de un caos vehicular y social no solo por la marcha de los profesores de la CNTE hacia el principal aeródromo del país, sino también por el clima de incertidumbre que prevalece frente a los cambios inminentes en el ámbito judicial. La protesta de los maestros, que culminó con la toma temporal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y la cancelación de todos los vuelos, es reflejo de un descontento más profundo ante las políticas del gobierno actual, un descontento que encuentra eco en diferentes esferas de la vida nacional.
La radicalidad de estas reformas ha sido comparada con eventos históricos de gran trascendencia como la Revolución Francesa, en la que la eliminación de la monarquía y el establecimiento de un nuevo orden provocaron una reestructuración completa de la sociedad francesa. En México, el cambio propuesto apunta directamente al corazón del sistema judicial, eliminando la tradicional carrera judicial basada en el mérito y la experiencia para dar paso a una elección popular que, según críticos, podría poner en riesgo la independencia y la imparcialidad de los jueces.
Esta reforma ha suscitado el rechazo no solo de la oposición política sino también de académicos, juristas y organismos internacionales que ven con preocupación cómo puede afectar los balances y contrapesos fundamentales en una democracia. La preocupación no es menor si se considera que en numerosas localidades del país, bajo influencia del crimen organizado, los votos podrían estar cooptados por intereses ajenos al bienestar y la justicia social.
A pesar de ello, desde el gobierno y sus simpatizantes se defiende la medida como un acto de democratización de la justicia, donde por primera vez el «pueblo» tendrá la voz y el poder para elegir a quienes dictaminan la ley. Esta perspectiva resuena con una porción de la población que ve en la reforma una forma de romper con un sistema judicial percibido como elitista y distante de las necesidades del ciudadano común.
Lo cierto es que México está en un momento crítico de su historia moderna. Con la elección de jueces por voto popular amenazando con ser boicoteada por sectores radicales y la imposición de candidatos cuestionables por su pasado delictivo en ciertas regiones, el país se encuentra en una encrucijada que podría definir su camino a seguir en términos de justicia y equilibrio de poderes por décadas.
Mientras tanto, la sociedad mexicana observa y participa, en algunos casos con escepticismo y en otros con fervor, en lo que muchos consideran un experimento político y social de enorme magnitud. La pregunta que resuena en el aire es si esta reforma traerá consigo una verdadera transformación hacia una sociedad más justa o si, por el contrario, se está ante el preludio de un periodo de incertidumbre y desbalance institucional que podría afectar profundamente el tejido social y político de la nación.
