En un giro inesperado dentro del sistema judicial tailandés, los abogados representantes de la familia del cirujano colombiano Edwin Arrieta han interpuesto un recurso solicitando un endurecimiento de la condena impuesta al español Daniel Sancho, actualmente condenado a cadena perpetua por el asesinato premeditado de Arrieta. La petición busca no solo elevar la condena a la pena de muerte sino también incrementar la compensación económica por daños y perjuicios derivados de este hecho trágico.
Dicha solicitud fue presentada el 29 de noviembre al Tribunal de Samui, el mismo que juzgó y sentenció a Sancho. Los abogados de la familia Arrieta argumentan que la contundencia de las pruebas y la aparente falta de arrepentimiento por parte del condenado deben conducción a revisar la sentencia inicial, pidiendo aplicar la máxima pena establecida en el artículo 289(4) del Código Penal tailandés.
Sin embargo, ha surgido un matiz en la postura de los allegados a Arrieta. Juan Gonzalo Ospina, abogado de la familia en España, ha comunicado que el objetivo principal de la familia no es tanto conseguir la pena de muerte para Sancho, sino asegurarse de que se mantenga la severidad de la condena, reflejando la cadena perpetua como la pena máxima deseada.
La acusación inicial dictaminó que Sancho fue culpable del asesinato premeditado de Arrieta el 2 de agosto de 2023 en la isla de Phangan, destacando la premeditación del crimen mediante la adquisición de instrumentos como cuchillos y una sierra, empleados en el desmembramiento del cuerpo del cirujano.
A pesar de que la confesión inicial de Sancho ante las autoridades policiales fungió como atenuante en la reducción de la pena de muerte a cadena perpetua, la parte acusadora enfatiza la falta de iniciativa del condenado para compensar o siquiera disculparse con la familia del difunto, acentuando la percepción de insensibilidad y falta de remordimiento.
Además del pedido de ejemplaridad en la condena, se ha demandado un aumento en la indemnización, pasando de los 4,42 millones de bat (aproximadamente 119.000 euros o 125.000 dólares) determinados inicialmente, a una cifra no especificada que refleje mejor los gastos futuros para el cuidado de los padres dependientes de Arrieta, estimados en cerca de 10,8 millones de bat (alrededor de 300.000 euros o 320.000 dólares).
Por su parte, la defensa de Sancho ha solicitado una prórroga hasta el 29 de diciembre para presentar una apelación, aferrándose a la versión de que el fatal encuentro entre Sancho y Arrieta se dio en el marco de una pelea en la que Sancho actuó en defensa propia. La defensa también apunta a un posible tercer aplazamiento en la presentación de su caso.
Este suceso no solo ha conmovido a las sociedades de los países natales de los involucrados, sino que también ha despertado un diálogo sobre la aplicación y los límites de la justicia penal en el extranjero, especialmente en casos donde las diferencias culturales y procedimentales cobran especial relevancia. La comunidad internacional, a su vez, permanece atenta al desarrollo de este caso, el cual plantea preguntas profundas sobre la pena de muerte, la justicia reparativa y el sistema penal en el contexto global.
