El Gobierno de Giorgia Meloni, en Italia, ha establecido recientemente un decreto para crear legalmente una lista de «países seguros» respecto al origen de los inmigrantes, una medida que busca reforzar la seguridad de sus discutidos centros de detención en Albania. Esta acción responde a una controversia desatada tras la orden judicial italiana de reubicar a doce inmigrantes egipcios y bangladesíes, que habían sido llevados a Albania, de vuelta a territorio italiano, provocando la indignación del ejecutivo.
La determinación del gobierno de Meloni pretende ofrecer una base legal clara, según explicó en conferencia de prensa Matteo Piantedosi, ministro del Interior, para asegurar la interpretación inequívoca de las normas relacionadas con la migración y el asilo. Este decreto debe ser convalidado por el Parlamento dentro de un límite de 60 días para adquirir plena efectividad legal, distinguiéndose así de los anteriores instrumentos de carácter meramente administrativo.
El centro de esta controversia radica en la apertura de dos centros en Shengjin y Gjader, en Albania, resultado de un acuerdo con el primer ministro albanés, Edi Rama, destinados a alojar a inmigrantes que llegan a Italia. Esta estrategia busca aliviar la presión sobre la red de acogida italiana pero ha suscitado cuestionamientos legales y éticos, especialmente tras el reciente fallo del Tribunal de Roma. Este disputado acuerdo señala que solo se pueden enviar a aquellos inmigrantes procedentes de países considerados como «seguros,» donde supuestamente no existirían motivos fundamentados para huir.
Italia actualmente cataloga a 22 países como seguros, incluyendo Egipto y Bangladés desde mayo pasado. No obstante, esta clasificación ha sido objeto de discrepancias, en especial tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que enfatiza la necesidad de que la seguridad sea homogénea en todo el territorio de un país para ser considerado como tal.
Además, las recientes acciones del Gobierno de Meloni han levantado críticas por la percepción de injerencia y violación de la separación de poderes, según denuncia el partido Hermanos de Italia y sus socios de coalición. Por otro lado, esta política también ha sido impugnada ante el Tribunal de Cuentas por el movimiento opositor Movimiento 5 Estrellas (M5S) debido al uso de fondos públicos en el contexto de los traslados de inmigrantes a Albania.
Este decreto marca un momento significativo en la política migratoria italiana, reflejando una tensión creciente entre las decisiones gubernamentales de gestión migratoria y la interpretación judicial de los derechos humanos internacionales y europeos. La situación llama la atención sobre el delicado equilibrio entre seguridad, legalidad y respeto por los derechos fundamentales de las personas migrantes.
