El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) anunciará este próximo lunes la regulación de precios públicos referentes a la obtención de títulos oficiales y servicios académicos de las universidades públicas para el curso 2024-2025. Desde la Junta, se ha comunicado mediante nota de prensa que, conforme a las palabras del director general de Universidades, Investigación e Innovación, Ricardo Cuevas, se mantendrá congelado el coste del crédito para los estudios de Grado, práctica vigente desde el curso 2016-17, momento en el que dichos precios se igualaron a los de los másteres.
Además, la Comunidad Autónoma continúa fomentando la movilidad estudiantil intra-regional otorgando rebajas de hasta 100 euros en los costos por servicios académicos a aquellos estudiantes de Grado empadronados en Castilla-La Mancha que cursen sus estudios en una provincia diferente a la de su residencia habitual.
Para facilitar el acceso a la educación superior y aligerar la carga económica en las familias, se mantendrán los diez fraccionamientos en el pago de la matrícula. Del mismo modo, queda suprimido el abono de los precios vinculados al reconocimiento de créditos de estudios procedentes de otras universidades, ciclos formativos de grado superior y experiencia profesional acreditada.
La región persiste en la aplicación de descuentos específicos en las matrículas para estudiantes que forman parte de colectivos con circunstancias socioeconómicas particulares, incluyendo a aquellos pertenecientes a familias numerosas, personas con discapacidad, víctimas de terrorismo, inclusive las víctimas de violencia de género y sus dependientes menores de 25 años, así como quienes reciben la prestación del ingreso mínimo vital.
El ordenamiento también contempla la exención de pagar por la reemisión de títulos o certificados académicos cuando estos sean solicitados a raíz de un cambio de mención de sexo en el Registro Civil. E incluye una disposición que establece la inexistencia de cargos en las tarifas de matrícula y tasas administrativas para niños y jóvenes bajo legislación protectora, en guarda o tutela, y para aquellos en estado de vulnerabilidad reconocida por la Ley 7/2023, en pro de asegurar una política inclusiva en el acceso a la enseñanza superior.
