En la víspera de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, millones de ciudadanos se preparan para ejercer su derecho al voto en lo que promete ser una de las elecciones más trascendentales de la historia reciente del país. Sin embargo, en este crucial proceso democrático, los ciudadanos de Puerto Rico, a pesar de ser estadounidenses por nacimiento, se encuentran marginados y sin voz, pues no tienen el derecho de participar en la elección del próximo líder de la nación.
Esta limitación subraya una antigua contradicción en la estructura política y electoral de Estados Unidos, que data de siglos atrás. Bajo la actual Constitución de 1787 y el sistema del Colegio Electoral que en ella se estipula, solo los estados formalmente reconocidos y el Distrito de Columbia están facultados para tener representación y, por ende, voto en las elecciones presidenciales. Puerto Rico, siendo un «Estado Libre Asociado» y no un estado formal de la Unión, queda excluido de este proceso esencial de la democracia estadounidense.
Puerto Rico, adquirido por Estados Unidos en 1898 tras la guerra hispano-estadounidense y convertido en territorio con ciudadanía estadounidense en 1917, ha tenido una relación compleja y a menudo conflictiva con el poder federal. Aunque los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses desde hace más de un siglo, las restricciones impuestas por la doctrina de los Casos Insulares y las decisiones políticas subsiguientes han dejado a la isla en una suerte de limbo político-jurídico.
Este limbo se manifiesta más cruelmente en momentos electorales como el actual, donde los ciudadanos de la isla pueden solo mirar desde la barrera mientras se decide el futuro político de su país, al cual pertenecen pero en el cual no tienen completa participación. La isla cuenta con un gobernador propio y una legislatura, pero su delegado en el Congreso de Estados Unidos no tiene derecho a voto, lo que significa que en temas claves como defensa, política exterior y, más emblemáticamente, la elección presidencial, los puertorriqueños no tienen voz.
El debate sobre el estatus político de Puerto Rico no es nuevo. En los últimos años, varios referéndums han buscado medir la voluntad de la población respecto a su futuro, siendo el estado 51 de la Unión una de las opciones más discutidas. Aunque en el referéndum de 2020 una mayoría votó a favor de la estadidad, la baja participación y la naturaleza no vinculante de la consulta han dejado el asunto sin una resolución clara.
Esta situación se agrava frente al escenario de las próximas elecciones, en las que la isla sigue siendo un espectador más que un participante. Esta marginalización refleja no solo una cuestión electoral, sino un profundo dilema sobre la identidad, los derechos y la participación real de Puerto Rico dentro del marco político y social de Estados Unidos.
A medida que se acercan las elecciones, la conversación sobre el futuro de Puerto Rico y su rol en la nación estadounidense adquiere una urgencia renovada. Sin embargo, la posibilidad de un cambio significativo parece distante, en un Congreso dividido y en un país enfrentado a innumerables desafíos internos. La cuestión de Puerto Rico, sus derechos y su estatus permanecen, lamentablemente, en un segundo plano, poniendo en relieve las limitaciones y contradicciones de la democracia estadounidense.
