El Departamento de Estado de Estados Unidos ha iniciado una drástica reestructuración que afecta a más de 1,300 empleados, tanto dentro como fuera del país. Este proceso de despidos, que afecta principalmente a personal del Servicio Civil y del Servicio Exterior, busca reducir la plantilla «inflada» del departamento como parte de los esfuerzos del presidente Donald Trump para optimizar la burocracia gubernamental. Los despidos han sido comunicados a través de correos electrónicos y tendrán efectos en un plazo de entre 90 y 120 días.
La decisión, impulsada por el secretario de Estado Marco Rubio, se enmarca en un plan que busca centralizar operaciones y eliminar lo que se considera una «ideología política radical». Rubio ya había enfatizado la intención de reducir la fuerza laboral del Departamento en un 15%, un movimiento que ha encontrado resistencia. Los impactos más notorios se sentirán en las divisiones que trabajan en derechos humanos y refugiados, cuyas responsabilidades serán absorbidas por oficinas regionales.
La oleada de despidos es el resultado de una reciente decisión de la Corte Suprema que permite al Gobierno continuar con estos recortes. Sin embargo, organizaciones como la AFSA han expresado su firme oposición, argumentando que esta política socava la capacidad diplomática de Estados Unidos en un contexto global cada vez más inestable y podría enviar señales erróneas tanto a aliados como a adversarios sobre el compromiso del país en la escena internacional.
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