El Defensor del Pueblo insta a fortalecer la prevención y mejorar la sinergia entre entidades gubernamentales

El Defensor del Pueblo pide reforzar las medidas de prevención e intensificar la coordinación administrativa

En su informe anual al que ha accedido Europa Press, el Defensor del Pueblo ha emitido un llamado urgente a reforzar las medidas de prevención en relación con los incendios forestales y a intensificar la coordinación administrativa para esta tarea.

El organismo ha hecho hincapié en la necesidad de una mayor coordinación no solo interna, sino también entre las distintas administraciones, apoyándose en el principio de que «el fuego no conoce fronteras ni competencias». Este llamado se hace aún más relevante después de que se registraran episodios alarmantes de incendios en los años 2021 y 2022, destacando su virulencia y los efectos devastadores que han tenido.

Respondiendo a lo ocurrido y como parte de una revisión exhaustiva iniciada en 2023, el Defensor del Pueblo investigó el cumplimiento y la efectividad de las medidas contempladas en el Real Decreto-Ley 15/2022, promulgado en respuesta a los graves incendios de la temporada previa. Esta investigación resultó en la emisión de Recordatorios de deberes legales a las administraciones de todas las comunidades autónomas, las diputaciones forales, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

En el documento, se enfatiza la importancia de fortalecer las acciones preventivas, poniendo especial énfasis en la gestión forestal sostenible, la capacidad de los montes para resistir el fuego y una adecuada planificación del uso del suelo. Se reconoce que la prevención y minimización de los impactos de incendios deben convertirse en ejes centrales de la política de gestión forestal, incorporando un enfoque ambiental y sostenible.

El informe también advierte sobre la necesidad de proteger el suelo forestal contra la urbanización y de integrar estrategias preventivas en la planificación territorial. Se menciona que hacer un uso racional de los recursos y proteger el medio ambiente deben ser objetivos prioritarios en las políticas públicas.

El Defensor del Pueblo argumenta que la coordinación dentro de las distintas unidades administrativas puede mejorar y aboga por la creación de equipos multidisciplinares eficientes en la coordinación y acción, tanto en tareas de extinción como en la implementación y evaluación de medidas de manejo. Además, se insiste en establecer un marco común que garantice la eficacia en comunicaciones y disponibilidad de recursos durante emergencias por incendios, así como la regulación y coordinación de las unidades de extinción y los medios aéreos, entre otras necesidades.

Las recomendaciones no solo toman en cuenta los aspectos de lucha contra los incendios, sino que también incluyen medidas para fomentar la gestión forestal sostenible, aumentar la resiliencia de los montes y una gestión adecuada del suelo, aspectos clave en la mitigación de los riesgos asociados a incendios forestales.

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