Una reciente revisión ha revelado fallos significativos en el manejo de los conflictos de intereses por parte de Europol. La agencia de policía europea no impuso las restricciones necesarias a antiguos empleados que fueron contratados por la organización no gubernamental Thorn, causando preocupación debido a que la entidad, que vende software y tiene vínculos estrechos con empresas de tecnología, pagó a varios empleados salarios de seis cifras y posee acciones valoradas en 930,000 dólares estadounidenses.
El informe destaca que Europol tiende a focalizarse únicamente en la ventaja comercial directa que podría buscar el nuevo empleador, especialmente en cuestiones de adquisiciones, atendiendo solo a la protección de la integridad de la agencia. Esto representa un entendimiento muy limitado y no toma en cuenta la contratación de antiguos oficiales de Europol con el propósito de influir en la legislación y decisiones de la Comisión, lo cual debería ser prevenido a través de un periodo de inactividad o «cool-down.»
En relación con un segundo miembro del personal que no solicitó la autorización requerida, se cuestiona si Europol ha procedido a iniciar un proceso disciplinario bajo el Reglamento de Personal de la UE. Sin sanciones automáticas, se argumenta, no se puede esperar que la mera confianza garantice el cumplimiento de las normas.
Se plantea la cuestión de si las restricciones impuestas a ex funcionarios se comunican también a su nuevo empleador para garantizar que están al tanto. Además, la restricción de no tener contacto con Europol «con fines comerciales» se considera demasiado ambigua y limitada.
De manera general, se sugiere que el personal debería notificar su intención de aceptar un nuevo puesto antes de concretar la oferta, ya que las negociaciones sobre un contrato de trabajo futuro podrían representar ya un conflicto de intereses.
Podría ser útil que Europol desarrolle un «Código de mejor práctica para los miembros del personal que dejan la agencia» y lo haga público, además de publicar un «informe anual sobre las actividades relacionadas con el Art. 16 del Reglamento del Personal de la UE» y un «resumen de actividades post-empleo».
Toda decisión final tomada por la autoridad competente debería ir acompañada de una explicación con las razones de su determinación.
Adicionalmente, se recomienda que se elabore y publique una «guía general sobre los criterios para evaluar restricciones o prohibiciones post-empleo».
El Grupo de Escrutinio Parlamentario Conjunto (JPSG), creado específicamente para supervisar a Europol, debería ser informado de cualquier conflicto de intereses potencial y sobre las medidas tomadas o que la agencia pretenda tomar para abordarlo. En el caso actual, tal información no se ha proporcionado.
