En una actuación sin precedentes dirigida a hacer frente a las devastadoras consecuencias de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en el Levante español, el Gobierno de Pedro Sánchez ha solicitado formalmente la intervención del Fondo Europeo de Solidaridad (FES), anunció el pasado 5 de noviembre. La petición viene a complementar las acciones nacionales destinadas a paliar los daños significativos derivados de este fenómeno climático extremo, sumándose a la cada vez más urgente llamada a fortalecer las medidas de prevención y adaptación ante desastres naturales en la Unión Europea.
Este anuncio surge en un contexto en el que los miembros de la UE han experimentado un incremento significativo en las pérdidas económicas derivadas de catástrofes climáticas. Según Eurostat, desde 1980 hasta el presente año, el gasto acumulado por los Estados miembros para responder a estos desastres asciende a más de 738.000 millones de euros. Solo en 2023, los desastres climáticos, hidrológicos y meteorológicos han ocasionado pérdidas económicas aproximadas de 44.000 millones de euros en la región, señalando una tendencia ascendente preocupante en la frecuencia e intensidad de estos eventos.
En este escenario, España se presenta como el cuarto país de la UE con mayores pérdidas económicas atribuidas a eventos climáticos, registrando más de 40.500 millones de euros en daños entre 2003 y 2023. El país ha enfocado sus esfuerzos en solicitar asistencia del FES, que se ha mostrado como un instrumento crítico en el financiamiento de emergencias derivadas de inundaciones, siendo estas las catástrofes más frecuentemente financiadas por el Fondo.
La Comisión Europea, que gestiona el FES, ha identificado las inundaciones como las catástrofes más recurrentes y con mayor impacto financiero, lo que ha llevado a la realización de proyecciones sobre zonas de riesgo de inundación en toda Europa. La anticipación de ‘puntos críticos’ en zonas urbanas y sus regiónes circundantes refleja el enfoque preventivo que ahora se intenta reforzar, destacando la importancia de la responsabilidad compartida entre los Estados miembros y la UE en la gestión de emergencias y la rehabilitación posterior.
En el ámbito internacional, el caso de Italia resalta por su compromiso con la prevención, especialmente tras las inundaciones de 2010 que impulsaron la planificación y ejecución de proyectos de infraestructura para mitigar los efectos de futuras catástrofes. Con la ayuda de fondos europeos, se han desarrollado soluciones de ingeniería como presas temporales y cuencas de contención que han demostrado ser efectivas en la protección de comunidades y la preservación de vidas y propiedad.
Mientras tanto, países como Grecia y Austria, también afectados por severas inundaciones, han tomado medidas significativas en la planificación de sus defensas contra este tipo de desastres naturales. La financiación y ejecución de proyectos destinados a la protección y rehabilitación han mostrado ser una prioridad distribuida a través de diversos instrumentos financieros.
La situación en Polonia ejemplifica el impulso por la prevención visto en la UE. Tras las llamadas Grandes Inundaciones de 1997, el país ha destinado una parte significativa de los fondos europeos recibidos a inversiones en infraestructura diseñadas para evitar daños futuros por inundaciones, evidenciando un largo plazo y costoso compromiso con la reducción del riesgo de desastres naturales. Aunque la construcción de estas inversiones puede ser un proceso demorado y costoso, el diálogo político en Polonia ha reconocido su importancia, poniendo de relieve una competencia positiva entre partidos políticos para aumentar el gasto en prevención.
A pesar de la urgencia y la necesidad evidentes, las ayudas provenientes del FES pueden demorarse, dada la naturaleza de los procedimientos presupuestarios y de aprobación dentro de la UE. Sin embargo, la reforma de 2014 que introdujo el pago de anticipos representa un avance significativo hacia la mejora de la capacidad de respuesta inmediata frente a catástrofes.
Así, la Unión Europea se encuentra en un punto de inflexión en su lucha contra los efectos del cambio climático y los desastres naturales, reconociendo la necesidad de una preparación y respuesta más ágil y robusta que salvaguarde a sus Estados miembros de los crecientes costos humanos, ambientales y económicos que estos eventos traen consigo.
