La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, informó la decisión del Consejo de Gobierno de autorizar una inversión superior a 5,4 millones de euros que será destinada a distintos recursos de bienestar social enmarcados en “la hoja de ruta que tiene prevista el presidente Emiliano García-Page para consolidar en los próximos cuatro años algunos servicios muy importantes para la ciudadanía”.

El Consejo de Gobierno autorizó una inversión por 5,4 millones de euros para distintos recursos de bienestar social 1

Como prueba de ellos, según Fernández, está el contrato de la concesión para la residencia de mayores de Carboneras de Guadazaón (Cuenca) por un importe de 1.557.004,88 euros. Es una prórroga por dos años de duración –del 15 de septiembre de 2019 al 14 de septiembre de 2021-, para la residencia que tiene 33 plazas residenciales para adultos mayores dependientes.

Lo mismo se puede decir de la autorización para concesión directa de una subvención de 184.000 euros por parte de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha al Ayuntamiento de Tomelloso (Ciudad Real), en este caso para tareas de mantenimiento en el Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral de enfermos mentales.

“El Gobierno de García-Page contribuye de esta manera a la financiación del Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral de Enfermos de Tomelloso, dado que es el único centro que presta este servicio en la localidad”, ha apuntado Fernández. Además, el servicio prestado da cobertura a poblaciones del Área Sanitaria Mancha-Centro, atendiendo a un total de 13 municipios con 96.762 habitantes.

Finalizando, la portavoz del Ejecutivo castellano-manchego dio cuenta del contrato de gestión de 49 plazas de un Centro en la provincia de Ciudad Real para la ejecución de medidas judiciales de internamiento de menores por un importe de 3.755.379,60 euros.

El contrato de referencia en modalidad de concierto fue suscrito en 2013 por la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales y la entidad Fundación Diagrama Intervención Psicosocial. La prórroga entra en vigor el 16 de septiembre y estará vigente durante un año con el que se garantiza la gestión de un centro educativo para la ejecución de medidas judiciales de internamiento con sentencia firme y/o cautelar en régimen cerrado, semi abierto y terapéutico dictadas por los jueces de menores en la región de Castilla-La Mancha, así como las medidas que dicten otros jueces de menores sobre menores o jóvenes que residan en esta región.

El centro tiene que tener una capacidad para atender, como mínimo y de manera simultánea, a un total de 49 menores de ambos sexos.